Durante la jornada legislativa de este martes los diputados de la Asamblea Nacional sancionaron en segunda discusión la Ley Especial de Seguridad Social para los funcionarios de la Policía, la cual persigue beneficiar a más de 120 mil uniformados en todo el territorio nacional con mejor capacitación, formación, remuneración y dotación de equipos, uniformes y herramientas para desempeñar su labor a cabalidad.
La iniciativa legal también contempla la creación de un Instituto de Seguridad Social para el Funcionario Policial, que garantice la seguridad social de los hijos y cónyuges de los funcionarios de la policía.
El legislador Franklin Duarte inició el debate recordando que los funcionarios de los cuerpos policiales pierden el bono de alimentación al jubilarse y que debido a los malos salarios, más de 1.600 uniformados se han ido de baja.
“El 70% de ellos prefieren trabajar en empresas de seguridad privadas porque ganan más en comparación con los miserables sueldos que ganan como policías”, expresó Duarte.
Asimismo, manifestó que un amplio porcentaje de efectivos están siendo utilizados como escoltas personales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y que solo el 30% de ellos son los que están protegiendo a los venezolanos de la inseguridad.
“Tenemos que decirle al señor Nicolás Maduro que los policías tienen familia, que son pueblo, son ciudadanos venezolanos y que merecen que se les de seguridad social. Maduro es momento de que rectifique, usted y los mamarrachos magistrados del TSJ”.
Tras aprobar 12 cláusulas del informe sobre la Ley (27-39), se abrió nuevamente el debate con la intervención de la parlamentaria Yajaira Forero, quien aseguró que con la sanción de la iniciativa, no solo se cumple con un derecho humano consagrado en la Constitución, sino que se beneficia a todos los venezolanos porque permitirá que los policías presten un mejor servicio.
“Hablamos en este artículo de la pensión de sobreviviente, la cual beneficia directamente a sus familiares durante un momento triste; pero es una realidad que viven los funcionarios en Venezuela (…) Entre el año 2015 y 2016 fueron asesinados 700 oficiales y en lo que va de año van más de 60 funcionarios asesinados. Con esta ley, los hijos y familiares de los funcionarios de policía van a contar con una pensión de sobreviviente”.
Para concluir la discusión, la diputada Delsa Solórzano subrayó que la seguridad ciudadana es un tema civil y no militar y que cuando un gobierno decide que la misma tiene carácter militar, la consecuencia de ello es “la represión y la muerte”.
Solórzano también agregó que durante el año pasado ocurrieron 28.479 muertes violentas en todo el territorio nacional, de las cuales 414 corresponden a efectivos de los cuerpos de seguridad, con la finalidad de robarles el arma de reglamento.
“Los familiares quedan desprotegidos cuando un funcionario da su vida por proteger a los venezolanos (…) En los últimos cinco años murieron 1.741 funcionarios policiales, esto lleva a déficit policial, porque muchos se preguntan para qué son policías si no hay una ley que los respalde”, acotó.
La dirigente de UNT concluyó sosteniendo que para que exista una buena seguridad ciudadana, es imprescindible tener funcionarios bien dotados y pagados. Al tiempo que agradeció a todos sus colegas parlamentarios que colaboraron en la formulación de la ley.