Un edificio sin la seguridad adecuada, con cortes de agua que alcanzaron el pasado diez días contínuos y los relatos de incursión de hombres armados: así es como la Cónsul General de Brasil en Caracas, Elza Marcelino Moreira de Castro describe las instalaciones del consulado en la capital venezolana . En los telegramas obtenidos por UOL , basados en la Ley de Acceso a la Información, también se citan casos de secuestros de personal de la oficina consular.
Por Talita Marchao para UOL Brasil / Traducción libre del portugués por lapatilla.com
En la comunicación enviada el 28 de junio de 2016, la diplomática describe que el consulado no tiene un “sistema de cámaras de cobertura amplia y equipada con tecnología que asegure una mejor resolución de imagen, detector de metales, o puertas electrónicas con dispositivos que impidan la entrada personas malintencionadas“.
Como ejemplo, se cita un incidente registrado en 2014 cuando “bandidos entraron en los locales de esta GC [consulado general] para robar a punta de pistola a uno de los miembros del servicio consular. El incidente provocó un alarmante estado de pánico entre los empleados y el público“.
El caso citado por Elza tuvo lugar el 21 de junio de 2014. En otro telegrama, el cónsul informa de que hombres armados irrumpieron en el consulado en la tarde, “en presencia de seguridad y del público“, y fue asaltado el ciudadano ghanés Philip Amatey Wuddah que estaba esperando para recibir la contraseña de servicio y se vio obligado a entregar sus pertenencias en el interior del edificio de la cancillería. Los bandidos utilizaron tres coches y varias motos en las proximidades, dice correspondencia.
En correspondencia de 2016, Elza dice que ya había informado en los telegramas anteriores “varios casos de violencia relacionados con el secuestro o intento de secuestro de empleados del consulado, algunos de los cuales tuvieron que cambiar de casa para estar más cerca de la sede, a pesar que vivían en las cercanías”
Quien cita el caso relacionado con el secuestro de un empleado de Brasil es el embajador Ruy Pereira en un telegrama enviado el 11 de julio de 2014. Según él, la directora del Instituto Cultural Brasil-Venezuela, Irlanda Rincón Chalbaud, fue secuestrada en 2012. El Instituto es privado, pero está vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.
El Ministerio de Asuntos Exteriores negó a UOL la entrevista al diplomático Elza Marcelino de Castro Moreira. Las solicitudes enviadas al consulado general, que se hicieron a un funcionario venezolano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela no obtuvo respuesta. En el momento de este informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil no respondió oficialmente a cualquier cuestionamiento de los telegramas del cónsul o la responsabilidad del gobierno de Venezuela para garantizar la seguridad del sitio.
“La escasez persistente de recursos financieros disponibles”
De acuerdo con la correspondencia enviada por el diplomático, el consulado no se beneficia de la ayuda de los agentes de policía de la Guardia Nacional Bolivariana, y la empresa contratada para la seguridad por el consulado no lleva armas. Según Transparencia Brasil, que publica el gasto oficial del gobierno federal, incluyendo los costos de la Cancillería, la empresa venezolana responsable de la seguridad es el SK Seguridad Karlim 99, fue invitado a proporcionar servicios –sin proceso de de licitación, exentos por la ley 8666, que establece normas para la contratación de proveedores de servicios gubernamentales.
La diplomático informó que el consulado fue inaugurado en 2008, “en un momento en que los problemas de seguridad parecían superfluos“, y considera que la elección de la sede –una oficina en casa en la urbanización Altamira, donde se encuentran otras embajadas y consulados en capital– no tomó en cuenta cualquier escenario de que la situación podría deteriorarse. “Las decisiones tomadas posteriormente en la seguridad no contemplan la posibilidad de un empeoramiento de la situación, lo cual, junto con la escasez persistente de recursos financieros disponibles, han reducido la instalación de elementos básicos, actualmente obsoletos e insuficientes para cubrir las necesidades.”
En telegramas de 2014, pidió la instalación de detectores de metales, se quejó de la calidad de las cámaras y puso el nombre de uno de los casos de violencia que involucró a un ciudadano brasileño que rompió “vidrios, bombas de fiesta y lanzó un enorme piedra en la pared de la supuesta protección de esa oficina, llegando incluso a romper el parabrisas delantero del vehículo oficial estacionado en el patio interno“.
Elza, además afirma, que el 26 de junio de 2016, “marginales irrumpieron en el edificio de uno de nuestros funcionarios y fue robado él y su familia cuando disfrutaba de una parrilla en la terraza”
Otros telegramas informan de la invasión de casas de otros funcionarios de la cancillería, a uno de ellos lo mantuvieron “atado y bajo la amenaza de las armas durante varias horas” en 2014. Otro de los funcionarios dijo que llegó a ser seguido después de abandonar el edificio del consulado.
En el Portal de Transparencia, se indica la compra de un equipo de seguridad, incluyendo unidades de disco duro, un monitor de TV LED y 16 cámaras de dos tipos. En el telegrama que fue enviado por Elza a Itamaraty, en junio de 2016, no se hace referencia a la compra o instalación de detectores de metales en la prestación de cuentas consulares.
El barrio en el que está instalado el consulado se aprobó una rotación planificada del agua que se realizará en tres días a la semana, de acuerdo con la cónsul. Sin embargo, Elza dice que llegaron a pasar diez días sin suministro de agua. Ella le pide reajuste de horas de trabajo para adaptarse a las dificultades para mantener el trabajo con la escasez de agua, electricidad y servicios de telefonía e Internet.
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