El parlamentario nacional emérito y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acompañado de la diputada electa de Amazonas, Nirma Guarulla, denunció desde la Asamblea Nacional la grave falsificación de las pruebas en contra de los diputados de esa entidad federal, por parte del funcionario del CNE Miguel Ángel Carrasquel Rincones, quien falsificó el audio que presentó como prueba Jorge Rodríguez para impugnar las elecciones parlamentarias en ese estado.
Nota de Prensa
En ese sentido Walter Márquez indicó que como autor intelectual de esa falsificación de pruebas está Jorge Rodríguez del PSUV, y como autor material el funcionario del CNE de Amazonas Miguel Ángel Carrasquel Rincones.
Igualmente denunció el grave retardo procesal por parte de la Sala Electoral del TSJ tras la ilegal decisión de suspender a los diputados de Amazonas el 30 de diciembre de 2015. “Ha habido una intencional paralización del expediente a pesar que en enero de 2016 se opusieron a esa medida de suspensión los diputados Nirma Guarulla, Romer Guzamana y Julio Igarza, y de la misma manera la directiva de la AN que presidía para ese momento Henry Ramos Allup, y fue 7 meses después, en agosto de 2016, que la Sala Electoral del TSJ declaró inadmisible las pruebas sin ningún argumento de forma o de fondo, y han transcurrido casi 7 meses más y no han fijado audiencia oral ni han tomado ninguna decisión”.
Otro hecho que resaltó el también historiador tachirense fue el que las pruebas que se promovieron debieron ser evacuadas en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, pero por decisión arbitraria de la presidenta de la Sala Electoral fueron enviadas a Maturín, estado Monagas, “violando el principio de territorialidad, y dejando prácticamente en un estado de indefensión a estos parlamentarios y sin representación legislativa al pueblo de Amazonas. Maturín queda a 13 horas por tierra y no hay comunicación aérea entre Puerto Ayacucho y Maturín, lo cual constituye otra prueba de la parcialidad con que está actuando el Tribunal Supremo de Justicia”.
Walter Márquez también denunció el hecho que durante más de un año los diputados de Amazonas no hayan podido ejercer sus funciones como parlamentarios, lo que representa un trato étnico y racial en contra de los legisladores integrantes de la etnia indígena Baniva, y recordó que los pueblos indígenas tiene derechos políticos, y negárselos representa una discriminación étnica y racial, lo cual está prohibido por la Carta Democrática Interamericana en su artículo 9, y es un crimen de lesa humanidad por ser un delito de apartheid establecido en el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
Igualmente indicó que se ha usado el caso de Amazonas para declarar en desacato a la Asamblea Nacional lo cual es una decisión estrictamente política sin fundamento constitucional que viola convenios y tratados internacionales.
Por su parte Nirma Guarulla señaló el hecho de que el estado Amazonas esté sin representación parlamentaria, los diputados legítimamente electos no han podido intervenir en casos graves como la desaparición de un helicóptero hace casi dos meses, del cual el gobierno nacional y regional guardan silencio sin informar a los familiares de las víctimas.
En este sentido Guarulla exigió a la Sala Electoral un pronunciamiento inmediato sobre este caso, ya que asegura, se le ha causado daños morales al vincularla a ella y los otros dos diputados en un hecho delictivo que jamás cometieron y también daños materiales, pues tienen muchos meses sin devengar un sueldo. “Hemos tenido que asumir la representación parlamentaria sin que nos permitan cobrar los salarios correspondientes, pero el mayor daño se le está causando al pueblo de Amazonas que no tiene representación parlamentaria, por lo que le exigimos a la Sala Electoral una solución inmediata en este caso, pues así como en menos de 24 horas decidieron la solicitud del Psuv el 30 de diciembre de 2015, con esa misma rapidez deben tomar la decisión que está afectando tanto a los diputados de manera personal como al pueblo de Amazonas de forma colectiva”.
Por último indicaron Guarulla y Márquez que no es necesario ninguna mesa de diálogo en la que se trate ese tema, porque son derechos indiscutibles de esos parlamentarios electos y del pueblo de Amazonas, víctimas de un fraude político y jurídico y una discriminación étnica y racial por parte del gobierno y del TSJ.