El gobierno democrático debe entenderse como la materialización del equipo humano que asume el papel de mandatario; vale decir, aquel irrenunciablemente encargado de hacer realidad lo que el mandante, la gente que lo eligió, le atribuyó como responsabilidad fundamental, lo cual no puede ser otra cosa ni ir más allá del irrestricto acatamiento y puesta en práctica de lo establecido en la Constitución y las leyes, en la asunción de que en tal proceder descansa, precisa y mayoritariamente, la posibilidad de que la población pueda desarrollar todo su potencial y el país llegue a alcanzar la mayor cuota posible de paz social. He allí la esencia del juramento proferido por el funcionario al asumir su cargo: defender la Carta Magna y cumplir y hacer cumplir las leyes. No hay ni habrá nada nuevo bajo el sol en este sentido. Nadie tiene que quemarse las manos al descubrir el agua tibia.
Por las razones anteriores, se recalca ex profeso, cualquier gobierno, para ser considerado con propiedad democrático, está obligado a mostrar entre sus indicadores básicos el hecho de acumular suficientes grados de «accountability», sustantivo anglosajón que ciertos colonizados culturales gustan de negarle traducción al castellano. Por supuesto que hay equivalencia en la lengua madre de Cervantes: los gobiernos democráticos están conminados por ley a ser responsables en el manejo de la res pública y dar cuenta de ello, oportuna y sistemáticamente, a la gente que sustenta y permite el ejercicio del poder. El manejo de las instituciones y organismos del Estado no es el de la hacienda privada de los gobernantes ni la palabra de estos es la ley, como reza la consabida ranchera mexicana. No hay «reyes soles» en la democracia que así mismos se proclamen el Estado, sólo administradores circunstanciales de lo que la soberanía popular les encargó potenciar en función del desarrollo nacional.
18 años obviando tal responsabilidad debió ser aldabada suficiente para que la sociedad venezolana se percatara del inexistente talante democrático de los sucesivos gobiernos de la autodenominada revolución bolivariana. Triste papelote hacen aquellos que apenas de unos meses para acá se rasgan las vestiduras pontificando sobre fecha y hora del nacimiento del autoritarismo. El ridículo es libre, pero eso no es lo que viene al caso. Lo que debe estar sobre el tapete es el impostergable ejercicio de la ciudadanía real, ésa con capacidad, responsabilidad, compromiso y valentía de exigir a los gobernantes la rendición de las cuentas pertinentes, con base en lo estipulado en la normativa vigente. Es a todas luces insólito que, mientras la Constitución, por ejemplo, reconoce la alimentación como derecho de primer orden, mientras los más pobres de la sociedad (como siempre, los únicos olvidados, los únicos sin voz) escarban en la basura en busca de alimentos descompuestos para paliar el hambre, mientras entre diciembre y febrero el gobierno apenas importó en alimentos lo equivalente a lo consumido por el país en no más de 36 horas, ese mismo gobierno haya destinado casi 700 millones de bolívares a la celebración de las carnestolendas, en la misma tónica en que dispuso de más de 200 millones de bolívares para el festival Suena Caracas a finales del año pasado. Y, oh oprobio, ninguna cuenta se le exige ante tan malhadada contradicción que expresa la alabanza del circo y el desprecio por el pan.
Cuando los de mi generación corríamos la niñez, solía ser emocionante la llegada del Rey Momo. Hoy, la aparición de ese reyezuelo de opereta es cruel afrenta que lacera el corazón.
Historiador
Universidad Simón Bolívar
@luisbutto3