El día de hoy se realizó el foro de presentación del proyecto de ley que deroga el decreto del Arco Minero y su impacto con presencia de distintas personalidades del área académica, ambiental y diputados de la Asamblea Nacional, para divulgar los alcances de esta normativa que busca la creación y protección de una Mega Reserva Nacional de agua dulce, biodiversidad de potencial energético e hidroeléctrico en el sur del Orinoco y la Amazonia venezolana.
La actividad que fue presidida por el presidente de la Comisión Mixta de seguimiento al Arco Minero, diputado Américo de Grazia, contó con las ponencias del ex senador Alexander Luzardo, la diputada María Gabriela Hernández y la representante del Observatorio Ambiental UCAB Guayana, Florencia Cordeno, quienes expusieron a los presentes los alcances de esta normativa que se impulsa desde el seno del parlamento y que actualmente se encuentra en discusión abierta entre diversas organizaciones y la población a nivel nacional.
De Grazia explicó que la normativa, la cual se presentó en la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre, deroga la ley del Arco Minero del Orinoco y tiene como objetivo “preservar nuestros parques, agua, etnias indígenas y la región al sur del Orinoco que se ven impactados por la actividad de minería ilegal afectando a la hidroeléctrica y a la sociedad en general”, dijo.
El parlamentario de La Causa R resaltó que grupos ecológicos, representantes de comunidades indígenas y distintas comisiones han ido conociendo a profundidad el proyecto compuesto por 24 artículos que tiene el firme propósito de rescatar la biodiversidad, preservar las reservas naturales y crear zonas de protección ambiental que garanticen el derecho al agua de todos los ciudadanos debido al peligro de extinción que corren actualmente los cuatro ríos más importantes del país tales como lo son: Orinoco, El Caura, El Caroní y El Paragua.
El primer ponente, el ex senador Alexander Luzardo explicó las implicaciones negativas del decreto 2.248 con el cual se creó el Arco Minero y todas las afectaciones que ha causado al suelo venezolano dejando profundas heridas que destruyen poco a poco la capacidad energética del país.
Calificó al decreto 2.248 como un “crimen ecológico de estado”, por lo que manifestó que la lucha debe darse desde todos las regiones para frenar esta situación.
Por su parte, la diputada María Gabriela Hernández recalcó que el proyecto de ley que fue presentado resguarda zonas vitales para Venezuela y redobla el alcance a nivel territorial de lo que tiene el decreto del Arco Minero pero haciendo énfasis en su cuidado y preservación.
Entretanto, la representante del Observatorio Ambiental, Florencia Cordeno hizo una serie de recomendaciones y observaciones al proyecto de ley a la par de afirmar que este tipo de iniciativas es lo que se requiere para poder frenar también la práctica ilegal de casi 100 mil mineros, quienes operan por Bolívar destrozando el suelo, la flora y fauna.
Este tipo de actividades de consulta pública se seguirán realizando por todo el país para que los ciudadanos conozcan y aporten a este proyecto que beneficiaría a toda Venezuela.
Prensa La Causa R