La “ineptocracia” es una nueva expresión que viene circulando en las redes sociales e internet para calificar la participación de las personas menos hábiles o aptas en las altas esferas de gobierno para dirigir los destinos de un país y, también, para describir aquellos Estados que se encuentran regidos por gobiernos que, por medidas populistas, disminuyen su competitividad y su crecimiento económico.
Lo concreto del vocablo es que pone en relieve la elección o designación de las personas más ineptas para la conducción de los actos inherentes de gobierno y donde el espiral de las malas administraciones se debe gracias al errático voto popular donde las ofertas demagógicas y las componendas terminan por persuadir al ciudadano.
El fantasma de la ineptitud y de la torpeza de los funcionarios y mandos medios de la Administración Pública en el Perú –además de la notoria falta de liderazgo presidencial y la carencia de operadores políticos- parece ser que es la causa constante de las marchas y contramarchas de las decisiones gubernamentales.
Virtualmente la agenda política -en este brevísimo período presidencial- se ha visto privilegiada por las denuncias de corrupción al más alto nivel no sólo de gobiernos pasados sino de este mismo y donde la discusión sobre los contenidos curriculares en la etapa escolar se convirtió en primera cuestión de Estado, como si los desastres por los desbordes de los ríos y enormes pérdidas económicas y materiales como consecuencia de las inusuales e intensas lluvias fuese un asunto secundario.
No puede menos que llamar la atención que varios ministros, en una especie de espíritu de cuerpo, hayan insistido en apoyar una currícula con dudosos mensajes formativos y cuyo debate público obligara al actual gobierno a dar marcha atrás en su insistencia; desperdiciando inútilmente tiempos valiosos en atender las urgentes necesidades propias por los daños de la naturaleza.
La evidente falta de ejecución de obras ante los temores que cualquiera de ellas podría estar contaminadas por la corrupción, así como las insostenibles denuncias de unos noveles procuradores contra el propio Vicepresidente de la República y Ministro de Transportes y Comunicaciones –que parecieran seguir un sospechoso libreto político – y las mutuas acusaciones entre ministros y congresistas, incluso de su propia bancada, han llevado al país a una especie de paraplejia estatal.
Aunque herederos de gobiernos anteriores, la falta de buenos funcionarios intermedios han creado una especie de “establishment” de incompetentes debido a la imposibilidad que sus propios cuadros partidarios puedan proveerle una red de colaboradores que se encuentren al servicio del Estado; de manera que urge que sea el propio Presidente de la República quien lidere los cambios en el aparato administrativo si no queremos que la “ineptocracia” termine por instalarse definitivamente en el país.
Gustavo Romero Umlauff es abogado peruano y Doctor en Derecho a la Información. Columnista y analista sobre políticas internacionales