El hallazgo de 14 cadáveres (según lo informado hasta ahora por el Ministerio Público, pero hay versiones extraoficiales que señalan que pudieran ser muchos más) en un pozo de la muerte dentro de la Penitenciaria General de Venezuela, en San Juan de los Morros, es un hecho gravísimo que evidencia el infierno que se vive hoy en el sistema carcelario.
¿Cómo es posible que 14 presos se hayan “desaparecido” en una penitenciaria y ninguna autoridad lo haya notado? ¿En las cárceles del país no se hacen los conteos diarios de detenidos? ¿No hay ningún control sobre eso? ¿Los jueces que llevaban las causas de los presuntos presos asesinados tampoco se dieron cuenta? ¿Cuando hace 5 o 6 meses atrás desalojaron la PGV, nadie notó que faltaban 14 detenidos? ¿Será que en el Ministerio de Servicios Penitenciarios si lo sabían y lo ocultaron? ¿Será que los cuerpos encontrados (a 5 le faltaban sus cráneos) en realidad corresponden a visitantes o a personas secuestradas que llevaron a la PGV y luego las asesinaron? Preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta.
El desastre carcelario no se circunscribe solo a la PGV. Como sabemos, muchas otras cárceles también son manejadas por “pranes” y el Estado no tiene ningún control dentro de ellas. ¿Quién garantiza entonces que no hayan otros pozos de la muerte en cárceles como Tocorón, Tocuyito o cualquier otra? ¿Cuántos presos más habrán sido asesinados y enterrados impunemente, sin que la opinión pública lo sepa?
El artículo 53 de nuestra Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Se trata de una norma que viene siendo incumplida abiertamente desde hace años. Solo en 2016, según el informe del OVP, fueron asesinados 173 reclusos en las cárceles del país (otros 10 murieron de desnutrición). Desde 1999 ya suman casí 7.000 los presos asesinados (cerca de 1.800 en la gestión de Iris Varela), pero estos números pudieran ser aun peores de confirmarse la existencia de otros pozos de la muerte.
El hallazgo de esta fosa común en la PGV debería conllevar a una investigación a fondo del asunto, pero ya conocemos la realidad institucional en el país. Mientras nuestras cárceles sean antros de violaciones de derechos humanos y escuelas de delincuentes, jamas tendremos una óptima seguridad ciudadana en Venezuela. Por eso estamos ante un problema que le tiene que importar a toda la sociedad.
Twitter: @luisizquiel