Desde noviembre pasado, cuando el gobierno de Nicolás Maduro enfrentó su primer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos ante la ONU –el primer ciclo se realizó en 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez– 67 comunicadores han sido agredidos.
Por Maru Morales / El Nacional
Un informe del Instituto Prensa y Sociedad-Venezuela precisa que de ese grupo, 37 son reporteros, 11 fotógrafos, 5 ciudadanos, 4 corresponsales extranjeros, 4 asistentes y 2 articulistas.
Un camarógrafo, un locutor, un director de medio y un productor también resultaron agredidos entre noviembre 2016 y febrero 2017. Además, 33 medios impresos, 23 digitales y 10 televisoras han sido blanco de ataques. La mayoría (53%) privados, y los principales agresores son el Poder Ejecutivo (27%) y los cuerpos de seguridad (22%).
Las cifras resaltan porque la protección de los periodistas y las garantías para que cumplan su función fue uno de los temas que más menciones tuvo durante la evaluación del Estado.
En su informe, IPYS señala que durante el EPU, 10 Estados demandaron a Venezuela proteger, garantizar la seguridad y cesar el acoso contra periodistas, defensores y demás voces disidentes; otros 6 pidieron legislar a favor del acceso a la información pública; y 18 pidieron garantías efectivas y protección del derecho a la expresión e información.
Las 35 restricciones en el acceso a la información pública, los 7 casos de censura previa y los 81 ataques contra los comunicadores en estos 4 meses, registrados por IPYS, revelan que el Estado no ha corregido la situación.
20 minutos
Este jueves, en la sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Nicolás Maduro deberá informar cuáles de las 274 recomendaciones recibidas en noviembre se compromete a atender, no solo en libertad de expresión sino en acceso a medicamentos y alimentos, persecución política, falta de independencia judicial, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
La reunión comenzará a las 4:00 am, hora de Venezuela. El gobierno estará representado por el embajador en Ginebra, Jorge Valero, que tendrá 20 minutos para hablar.
Los Estados examinadores tendrán 20 minutos para solicitar aclaratorias; y las ONG dispondrán también de 20 minutos. La Defensoría del Pueblo, dirigida por Tarek William Saab, no podrá intervenir por haber perdido su derecho a voz, luego de que la ONU determinó su falta de independencia.