La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, asegura que la renuncia de la jueza Karla Moreno de Caracas en pleno juicio por la presión para que cambiara su decisión, al igual que ocurrió en Anzoátegui en la sala del Tribunal sexto de Control, levantó polémica en la opinión pública y aparecieron nuevos cuestionamientos sobre la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Nota de Prensa
Louza expresó que a partir de los dos episodios mencionados el gremio y los venezolanos comenzaron a hacerse la pregunta: ¿quién manda a quién?
“Por lo general el Gobierno se ampara en decisiones del TSJ para decir que lo está haciendo bien. Vemos a su vez cómo el Poder Judicial está presionado por un órgano que al final del día es parte del Gobierno: el Sebin. Esto indica que aquí quien manda realmente es el Gobierno, no el Poder Judicial”, apuntó Louza.
La abogada se refiere a las múltiples sentencias que el máximo representante de la justicia en el país ha emitido en favor de directrices del presidente Nicolás Maduro. En un estudio realizado por su organización se determinó que las acciones a su favor reciben respuesta en un promedio de apenas nueve días y siempre a favor.
Louza recordó que el norte del Poder Judicial es la ley y la Constitución, por lo que sus jueces no deben imputar delitos sin pruebas. “El Poder Judicial se ha ido autosometiendo al Ejecutivo y eso ha sido su propia condena. No hay mayor garantía para un juez que decir que sigue la Constitución y la ley. Incluso internacionalmente los jueces pudieron haber sido defendidos si así lo hubieran hecho. Al no seguir las leyes ni la Constitución entonces han sido cada vez más esclavos del régimen”, aseveró.
Recordó el calificativo que le dio el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional (mayoría oficialista) en 2012. Ese mismo año él viajó a Estados Unidos y declaró desde ese país que no existía autonomía en el TSJ por lo que aseguró que la justicia en Venezuela era de plastilina porque se podía moldear.
“Lo que nos imaginamos es que persiste lo que dijo Aponte Aponte. Él dijo que todas las decisiones que tomaba el TSJ eran ordenadas por el Presidente de la República y un comité que se reunía los viernes con la Fiscalía, el Defensor y otros órganos”.
Explicó que el régimen está mutando hacia una dictadura más tradicional, de tipo militar con un sistema de justicia paralelo para los opositores a su régimen.
“Hoy en día por la misma conciencia de Estado de derecho y por la relación del país con la comunidad internacional es muy difícil para el Gobierno actuar fuera de su poder judicial formal. Aunque tenga controlado al Poder Judicial, hay cosas que se le escapan de las manos porque al final este va a buscar seguir su fin natural que es seguir la ley y la Constitución. Por ello, ocurrió lo de la jueza Karla Moreno, y como consecuencia de ello, tuvo que intervenir el Sebin. Entonces el Gobierno va a tener que ir hacia otro esquema, más allá del Poder Judicial y sin acatar la Constitución de manera alguna, y está claro que así lo ha ido haciendo, entre otros, con la situación del estado de excepción indefinido. Hasta ahora lo que hemos tenido es una autocracia legalista”, explicó.