La semana pasada inició el proceso de fiscalización de panaderías por parte de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), para evaluar más de 700 panaderías en el Municipio Libertador de Caracas, mediante el despliegue denominado “Plan 700”.
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) se sumaron a la Sundde en el operativo de fiscalización. Dos panaderías de la capital fueron intervenidas con el fin de supervisar y regular sus procesos de producción, almacenamiento y estructura de costos.
Durante un recorrido realizado por El Mundo Economía y Negocio (Emen) , se indagó en la situación de varios establecimientos en la ciudad capital tras las visitas de la Sundde. Los dueños de los comercios solicitaron que sus nombres y las panaderías no fuesen mencionados.
El dueño de una panadería ubicada en la parroquia El Recreo relató lo sucedido durante las reuniones con los funcionarios de la Sundde y la Sunagro.
“Varios panaderos del sector fuimos convocados a una reunión, los fiscales nos indicaron que se realizaría un proceso de reinscripción de las panaderías. Se nos preguntó por la capacidad de almacenamiento y producción de cada establecimiento”, indicó.
Los datos extraídos de los dueños de panaderías serían usados por los entes gubernamentales para distribuir la materia prima según las características de cada establecimiento.
“Algunos presentaron cifras abultadas para tener un margen que les permita jugar con los rubros. Yo prefiero no meterme en esos problemas”, aseguró el panadero.
Las reuniones concluyeron con la ocupación de varias panaderías, donde comisionados de la Sundde supervisaron la producción y venta del pan.
“Nos obligaron a utilizar 28 sacos en 4 días, se nos acabó la harina que debíamos rendir durante toda la semana”, relato el dueño del establecimiento.
La instrucción que dio el vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, que consiste en destinar el 90% de la materia prima en la producción de pan canilla y francés, y dedicar 10% restante a otros productos genera preocupación en la comunidad panadera.
“La venta del pan regulado no es rentable. No genera pérdidas, pero tampoco ganancias”, destacó el encargado de un establecimiento en el Municipio Libertador.
Este de Caracas con incertidumbre
En el este de la ciudad, la situación es diferente. La fiscalización aún no ha llegado, pero se esperan las visitas en el transcurso de la semana. El panorama frente a las posibles regulaciones que se implementen genera incertidumbre.
El dueño de una panadería ubicada en Petare comentó haber recibido información que fiscales de la Sundde visitarán su establecimiento entre semana, por lo que espera adaptarse a las exigencias necesarias para mantener la producción.
“Yo produzco toda la harina que me llega. Si tengo, hago pan. Si no tengo, no hago. Abrí una panadería es para venderle pan al pueblo, no le veo sentido a dejar de producir”, manifestó.
El establecimiento estaba abastecido. Pasteles, pan dulce y sánduches ocupaban las vitrinas, mientras que se horneaban algunas pizzas en el horno ubicado en la barra y se formaban filas en las aceras aledañas a la panadería con personas a la espera de la venta vespertina de pan campesino.
“La panadería tiene capacidad para procesar 100 sacos de harina por semana. Ahora me llegan unos 30 sacos semanales y utilizo unos 8 diarios en vez de los 15 que solía producir”, apuntó el panadero.
Algunos panaderos denuncian que no es rentable vender pan a precios regulados, aún cuando la harina importada por el Gobierno tiene un costo accesible.
“La materia prima no es solo harina, hay otros ingredientes, que o no se consiguen o son muy costosos”, argumentó.
La harina no es el único gasto que preocupa con recurrencia a los panaderos, el pago de las nóminas se presenta como otra dificultad.
“Si la Sundde aplica definitivamente esa medida, vamos a tener que despedir gente”, advierte la encargada de una panadería de La Urbina, “Supuestamente vienen esta semana, veremos qué dicen y trabajaremos conforme a ello. No nos gusta, pero no podemos hacer nada al respecto”.
Posibles acuerdos
El Superintendente Nacional en la Protección de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, afirma que los procedimientos llevados a cabo en el Municipio Libertador la semana pasada se extenderán al resto del país, y que no son inspecciones, sino operativos “para combatir la guerra del pan y garantizar la venta de pan a un precio justo para que el pueblo pueda adquirir uno de sus principales alimentos”.
La encargada de una de las panaderías desestima la existencia de “una guerra del pan”. Comenta que “uno como empresario lo que quiere es vender. Le garantizas el producto al consumidor y generas ganancias. No tiene sentido que alguien esté dejando de producir a propósito”, aseveró.
Diversos panaderos concuerdan en que la proporción de destinar 90% de pan regulado y 10% de otros rubros no puede sostenerse, y coinciden en balancear el porcentaje a 60% y 40% respectivamente.
En el marco de las fiscalizaciones, la Federación de la Industria de la Panificación (Fevipan) solicitó mediante un comunicado oficial, reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para llegar a un acuerdo en materia de la venta del pan.
Este lunes 48 asociaciones afiliadas a Fevipan apostaron nuevamente al diálogo con el Ejecutivo y pidieron ser incluidos en el Consejo de Economía Productiva que dirige el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami.