Transportistas piden 300 bolívares por pasaje urbano en San Cristóbal

Transportistas piden 300 bolívares por pasaje urbano en San Cristóbal

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Se espera que durante las dos mesas de discusión restantes, para los días viernes 24 y lunes 27 de marzo, se tome una decisión, para que la división de Vialidad y Tránsito envíe todo el estudio a la alcaldesa de San Cristóbal Patricia de Ceballos, quien será la encargada de decretar el nuevo aumento para la tarifa de pasaje urbano en la capital tachirense reseña La Nación.

Basados en la propuesta del Sindicato de Transporte del estado Táchira de solicitar el incremento del pasaje urbano en San Cristóbal a 300 bolívares, este miércoles, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de Transporte Terrestre vigente, se dio inicio a las mesas de discusión con gremios involucrados para determinar dicha tarifa.





En el salón de sesiones del Concejo Municipal se instaló la primera mesa de trabajo, donde asistieron representantes de consejos comunales, Defensoría del Pueblo, Sundee, Fiscalía del Ministerio Público, Consejo Local de Planificación Pública, Intt, medios de comunicación, asociaciones civiles, Sindicato de Transporte y Comité de Usuarios.

Jaiberth Zambrano, jefe de la División de Validad y Tránsito, presidió dicha convocatoria, la primera de las tres que se realizarán (viernes 24 y lunes 27 de marzo), destacando que la iniciativa se hace para buscar acuerdos con todas las partes y se permita un aumento del pasaje adaptado a las necesidades de todos por igual.

“Tuvimos en primera medida dos propuestas por parte del Comité de Usuarios, planteamientos que estamos estudiando y analizando con el síndico municipal para darle respuesta de manera inmediata, por lo que escuchamos a todos los sectores, para atender denuncias y sugerencias”, dijo Zambrano.

Aseguró que el Sindicato de Transporte sugiere un aumento de 300 bolívares pero, sin embargo, la municipalidad hace un estudio pertinente para crear una conciliación que sea una buena salida y se ajuste al bolsillo, no solo de los transportistas, sino de la colectividad en general, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 145.

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Discrepancia entre los interesados

El abogado Reinaldo Pedraza, representante del Comité de Usuarios del Transporte Público en el estado, declaró que se retiraron de la mesa de discusión, “porque esa asamblea está viciada de nulidad, es contraria a lo que establece la Ordenanza Municipal de Participación, norma creada por la alcaldía, y es vulnerada, ya que establece que las convocatorias deben llevarse a cabo con 15 días de antelación y esta la hacen con tan solo ocho días”.

Dijo que tampoco establecen el quórum con la presencia de las comunidades organizadas y, en esta convocatoria, en su gran mayoría, son del Sindicato de Transporte Público y no “entendemos cómo la alcaldía vulnera sus normas internas y como no dieron una respuesta acorde; nos retiramos para no avalar esa arbitrariedad”.

Germán Duarte manifestó que la situación del servicio de transporte público en San Cristóbal es desesperante. “Ya se están presentando éxodos importantes de unidades de transporte, buscando en otras rutas mejorar los ingresos y nos preocupa que el transporte urbano abandone todas las concesiones, porque no es rentable prestar el servicio en el área urbana de San Cristóbal”, expresó.

Dijo que el llamado es a la comprensión de las autoridades y el público en general, “porque si no, nos quedaremos sin la fuente de trabajo y la comunidad sin el servicio, y no queremos que esto se dé, porque implica una anarquía, en la cual hace un sálvese quien pueda”.

José Huacaychuco, del Consejo Local de Planificación Pública, por la parroquia San Sebastián, manifestó que “la consulta se hizo violando todas las leyes; esperamos que no suceda lo mismo que en la anterior convocatoria donde a pesar de que los consejos comunales dijeron que no, sin embargo la alcaldesa le aprobó el aumento a los transportistas, pasando por encima de la Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y demás entes involucrados”.