El lula-chavismo se impuso como objetivo fundamental acabar con el proceso de integración regional. La denuncia del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) por porte de Hugo Chávez cuando apenas comenzaba su primer mandato; el ingreso al Mercosur para desde adentro debilitarlo y neutralizarlo; y la creación de organismos que lejos de buscar la integración regional en el sentido que se habían planteado antes los gobiernos democráticos de la región, intentaban acuerdos políticos para imponer el modelo surgido del Foro de Sao Paolo, impulsado por los dictadores Castro y ejecutados por un grupo de títeres que expresan la más alta traición a la patria, Chávez a la cabeza de este proceso de descomposición regional, cuyo “legado” será “valorado” por las generaciones futuras.
El chavismo promovió la creación de organismos como Unasur, Alba, Petrocaribe, todos con el fin de someter a los más débiles y utilizarlos en un proceso de integración como herramienta política. No contaban, sin embargo, con los cambios que se iban a producir en la región, principalmente en Argentina y Brasil, más tarde en Perú y en otros países, que han venido abandonando su apoyo a la corriente destructora, como la Chile de Bachelet quien expresó siempre un cierto encanto por su amigo Hugo Chávez, de quien consideró en su primera campaña electoral que no significaba una piedra en el zapato para la región. Un error garrafal que hoy les pesa a ella y a todos los gobiernos del hemisferio.
Ante los atropellos y el abandono del estado de derecho del régimen del ilegítimo sucesor Maduro, la comunidad regional busca los correctivos necesarios para reinstalar el orden democrático y el respeto pleno de los derechos de los ciudadanos en Venezuela, golpeados por un gobierno nacional que ignora a las mayorías del país que exigen libertad y respeto.
El Consejo Permanente de la OEA debatirá la situación en Venezuela en base al excelente Informe del Secretario General Almagro, a quien respaldamos con mucho entusiasmo; aunque antes, se celebrará una reunión del mismo Consejo, a petición del régimen de Maduro, siguiendo instrucciones desde Cuba, para tratar las supuestas violaciones por parte del Secretario General, de las reglas de la Organización, al utilizar sus espacios para promover la democracia en la región. Algo así como una contramarcha a las que nos han venido acostumbrando estos años esa maldición roja dentro el país.
En esta primera reunión un grupo de “insurgentes” de la región con toda seguridad criticará a Almagro, quien simplemente ha cumplido con sus deberes como máxima autoridad de la Organización y con el pleno respeto de las normas de la misma. No sobrarán los insultos, los mismos que Maduro, Cabello y la canciller de bolsillo Delcy Eloina, gritan cada vez que el alto funcionario expresa su preocupación por los presos políticos, por las torturas, la persecución, el hambre, la inseguridad, la falta de medicamentos y todo lo que realmente ocurre en la Venezuela del despreciable chavismo del siglo XXI. Un acto de malandraje puro que sigue a la vergonzosa intervención en días pasados, de la representante del régimen ante la Organización; encuentro en el que no habrá mayores sorpresas. Desde los apoyos de un Ecuador que parece estar también en proceso de cambio, de una Nicaragua sometida por el sádico ortega, otrora líder revolucionario, hoy empresario exitoso a costilla del dinero de los venezolanos y de una Bolivia que parece no entender todavía la realidad de la región y el fracaso de un modelo que nunca debió haberse instaurado.
La segunda reunión del Consejo Permanente permitirá a los gobiernos expresarse sobre la situación en Venezuela. Es una oportunidad para los gobiernos democráticos defender no solamente los derechos establecidos en la Carta Democrática, sino en la Carta y las normas mismas que regulan la Organización y las relaciones interamericanas. Una mayoría simple será necesaria para que se convoque una reunión Extraordinaria de la Asamblea General la cual podría adoptar las “medidas más convenientes” para que se restablezca el orden constitucional perdido en el país, sin ninguna duda.
El régimen califica incansablemente de traidores a la patria a quienes propician la activación y la aplicación de la Carta Democrática. Es parte de su política de amedrentamiento, de persecución contra quienes piensan distintos. Es la muestra más clara de la barbarie política que ejercen con alevosía. Todo lo contrario a la injerencia, estamos ante una obligación clara de derecho internacional incorporada y reconocida en la región. Este ejercicio y las medidas que se adopten, forman parte del derecho de los pueblos a exigir a los gobiernos que respeten el más importante de los derechos humanos, el derecho a la democracia, el único sistema que permite que todos los ciudadanos, sin discriminación, disfruten de todos sus derechos.
Nadie propone la suspensión, ni la exclusión, tampoco la expulsión. Lo que se pide al régimen corrupto y arbitrario de Nicolás Maduro, es que respete los derechos de los ciudadanos, se libere a los presos políticos, se deje de perseguir a los opositores; además y esto es fundamental, se convoque las elecciones previstas en la Constitución lo antes posible, para de una vez por todas salir de este régimen ineficiente y corrupto, hampón y forajido en el sentido más amplio de la expresión.
Una vez más los gobiernos de la región tendrán la oportunidad de pronunciarse y defender sin ambages el derecho a la democracia y de criticar y exigir a la dictadura de Maduro el respeto de las normas internas, de la Constitución Nacional y del ordenamiento juicio en general; y el derecho Internacional, en particular, el derecho de los derechos humanos.
Es el momento de avanzar en la verdadera integración que nos permite como región participar y fortalecer las relaciones internacionales, en todos sus espacios.
Robert Carmona-Borjas