Más de 80 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas ciudadanas se han producido en Lara entre el 5 y el 13 de abril, así lo señala el vicepresidente de Funpaz Andrés Colmenárez, reseña El Impulso.
Explicó que las sentencias 154 y 155 emanada desde la Sala Constitucional del TSJ los últimos días de marzo que violan, cercenan, menoscaban y usurpan las funciones de la Asamblea Nacional, se convierten en la gota que derramó el vaso tras una seguidilla de hechos irregulares en el país en 2016, entre estos, la suspensión del referendo revocatorio y la desmonetización del billete de Bs. 100 que dejó dos fallecidos en el Oriente del país y 56 locales saqueados, aunado a esto a las 54 sentencias que el TSJ ha producido en contra de la Asamblea Nacional.
Aunque se produjeron casi inmediatamente las sentencias 156 y 157 para enmendar el asunto estas no complacen todas las exigencias de la sociedad civil; se le da carta blanca nuevamente al parlamento pero se le dejan a Nicolás Maduro las decisiones en materia económica, indica el entrevistado.
Es así que la ciudadanía se activa al reconocer que hay un golpe de Estado contra un poder independiente. Decide tomar las calles.
En Lara las protestas se iniciaron el miércoles 5 de abril tras una manifestación en la avenida Lara con Leones. Ese día la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a cuatro personas en el Cardenalito, las cuales fueron liberadas la madrugada del 6 de abril. Los tres primeros días de protesta Funpaz observa que actúa la PNB y GNB.
El jueves 6 de abril la PNB detiene a 10 personas en horas de la tarde en el Cardenalito, entre estos a los dirigentes estudiantiles Néstor Graterol y Simón Vera y a un profesor de bachillerato.
Ese mismo día, en otro sector al este de la ciudad, la GNB, detiene a cuatro personas a las 8:00 de la noche.
“Una de esas personas es Carlo Cutarelli, atleta de alto rendimiento que ha representado al país en competencias internacionales. Él salió a trotar porque se preparaba para el maratón de regreso la Divina Pastora”.
Resguardo
Aunque se resguardó en un edificio cercano durante el conflicto, recibió varios perdigones a quemarropa en el brazo, tórax, cara y piernas. Fue llevado al Destacamento 121. El 8 de abril lo llevaron al Hospital Militar, donde los médicos no lo reciben porque no había insumos. Es por esto que los militares lo trasladan aHospitaCentralntonio María Pineda, tras 19 horas sin asistencia médica.testimonio de la víctima).
“Lo operan de emergencia el 9 de abril. Aún está en el hospital, constantemente vigilado por la GNB. Está en proceso de audiencia de presentación”.
De los otros tres capturados solo aparecieron dos en el Destacamento 121 y Funpaz cree que la tercera persona logró salir por algún tipo de influencia.
Permanecen en el 121 dos personas del caso 6 de abril. Se logró que un menor de edad fuera liberado. Mientras que en el Comando de la Zona Industrial II?de la PNB se encuentran nueve detenidos.
Fiadores
La juez segunda de control Rosario Herrera solicitó a los abogados de la defensa tres fiadores, empleados públicos y que devenguen un salario mayor a tres sueldos mínimos, además de antecedentes penales por el Cicpc en Caracas.
El 10 y 11 de abril la GNB asume las detenciones arbitrarias. Funpaz en colaboración con Foro Penal Capítulo Lara y Movimiento Vinotinto, registra 80 detenciones arbitrarias, de las cuales 60 son por instrucción del Ministerio Público para ser presentadas ante los tribunales.
Los otros 20 ciudadanos fueron puestos en libertad sin ningún tipo de audiencia de presentación ni haber sido imputados por ningún delito. Estuvieron en el Destacamento 121 y luego en el comando de í Primera. Lograron salir por mediación de diferentes actores.
“De esas 60 personas, ocho entraron a un proceso de juicio por tribunales militares. Estos ciudadanos fueron detenidos frente al Core 4 y se les imputaron los delitos ultraje a centinela y violación de la zona de seguridad militar”.
A seis civiles se les impuso como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde y a los otros dos se le dio casa por cárcel.
Asimismo, nueve permanecen detenidas en Carora, las cuales fueron apresadas el 13 de abril. A la fecha 43 detenidos pasan a un juez de competencia estadal.
Bajo presentación
El MP está presentando a los imputados ante el juez de control municipal, el cual se inhibe de conocer el caso y pasa a una instancia de control estadal.
“La intención es precalificar con delitos de mayor gravedad. El juez estadal tiene la potestad de decidir como centro de reclusión la cárcel de Uribana. Esto se maneja con el fin de criminalizar aún más a las personas que han sido detenidas y bajar el foco de protestas ciudadanas”.
Sobre las personas detenidas el 10 y 11 de abril pesa el riesgo real y latente de que sean trasladadas, durante los 45 días que dura la evacuación de las pruebas al tribunal por parte del MP, fijar como centro de detención la cárcel de Uribana.
“Esta maniobra judicial está promovida por Jorge Eliécer Rondón, presidente del Circuito Judicial en Lara, quien le ordena a los jueces municipales inhibirse”.
Mientras tanto, tres varones menores de edad permanecen en el Centro Socieducativo Pablo Herrera Campins en El Manzano y una adolescente en el Centro Socioeducativo Barquisimeto de la calle 60. El juez solicitó cinco fiadores ordinarios por cada menor.