Al no ser afectos al régimen, la compra de alimentos se nos complicaba siempre. Eso, sumado a la preocupación por el futuro de nuestros hijos, nos hizo buscar una perspectiva mejor”. Carlos y Lisbeth hablan en un parque de la localidad donde hoy residen, al sur de Madrid, mientras a su espalda sus hijos juegan despreocupados. En un principio, estaban dispuestos a dar sus nombres reales. Sin embargo, su recelo, su miedo, ha crecido tras los recientes acontecimientos vividos en Venezuela. Ellos son dos de los 3.960 venezolanos que demandaron asilo en España en 2016. Esta cifra, casi siete veces superior a la registrada el año anterior (585 peticiones), los convierte en el colectivo que más solicitudes de protección internacional presentó el año pasado, por encima de Siria, en guerra desde 2011.
Jorge Morla / El Pais
La madre de él vivía en España, así que decidieron venir “para ver, para comparar” y buscar un “mejor futuro”, cuenta Carlos. “Pero no podíamos comprar pasajes. Todo eran trabas para salir del país”, explica. “Así que contactamos con un grupo de afectos al régimen de nuestra zona [“los que controlan todo”, apunta Lisbeth], y en cinco minutos consiguieron nuestros pasajes”. “Acordamos un precio y lo vendimos todo, pero luego nos extorsionaron. Llegaron a intentar entrar en nuestra casa a la fuerza. Esa misma noche nos fuimos y, en cuanto pudimos, vinimos a España”.
Desde febrero del año pasado, cuando solicitaron el asilo, viven varados en un limbo legal. “Nuestra abogada nos dijo que el último caso que resolvió de Venezuela se demoró año y medio”, cuenta Carlos. “Vivimos en la inestabilidad, sin saber qué será de nosotros el día de mañana”, añade Lisbeth. De los 40 expedientes de ciudadanos venezolanos que el Gobierno resolvió en 2016, solo cuatro fueron positivos, según los datos provisionales del Ministerio del Interior. En el último lustro, solo seis venezolanos lograron protección en España.
La ley establece, sin embargo, que cualquier procedimiento de asilo debe estar resuelto en un plazo de seis meses. “Pero esto no pasa”, lamenta Paloma Favieres, coordinadora de servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG que está atendiendo a Lisbeth y Carlos. Y no se debe a un simple atasco burocrático: existe una mala praxis, asegura la letrada. “El Ministerio del Interior admite a trámite las peticiones, pero en base al mal llamado “criterio de prudencia”, que no existe por ley, no las resuelve”, explica. En lugar de analizar las solicitudes caso por caso, como establece la normativa, emplea “un criterio común por nacionalidad”, continúa Favieres, lo que provoca inseguridad jurídica y resta fuerza a las herramientas de protección internacional. “Ahora es muy visible con los venezolanos, pero ha pasado también con Siria y Ucrania”.
Como resultado, a 31 de diciembre de 2016 había 20.370 solicitudes de asilo atascadas, 4.435 de ellas de ciudadanos venezolanos. Interior asegura que se debe al “incremento drástico” en el número de peticiones totales recibidas en 2015 y 2016 —más de 14.000 demandas, el triple que en 2014—. “En lo que va de año, ya se han adoptado 321 resoluciones de solicitantes venezolanos”, asegura el Ministerio por correo electrónico, sin precisar si se han aceptado o rechazado.
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