Los venezolanos sufrimos desde hace 18 años la desgracia de un Estado terrorista, forajido y fallido.
Las dos primeras características son propias de toda dictadura. La última, por lo general, casi nunca les acompaña. Porque, si bien el terrorismo y la canalla dictatoriales son históricas, también lo es -salvo excepciones- su eficacia en ciertas áreas.
Estamos en presencia de un Estado terrorista porque practica el terrorismo contra la ciudadanía indefensa utilizando sus fuerzas policiales, militares y paramilitares con todo su poder de fuego, como si estuviera librando una guerra con iguales en armamento y dotación bélica.
El resultado está a la vista: decenas de asesinados en manifestaciones pacíficas, así como miles de heridos y de detenidos. Lo más cínico del asunto son las versiones del régimen, que siempre culpan a una oposición -desarmada y reprimida como nunca antes- de ser quienes matan y hieren a su propia gente (¡!), versión inverosímil por donde se le analice, mientras que ellos se presentan como amantes “del amor y de la paz”, pero son los que accionan sus armas y lanzan gases tóxicos a manifestantes pacíficos. Cinismo puro, insisto.
Desde sus inicios, el chavomadurismo apeló al terrorismo de Estado. Recuérdense el despido de 20.000 empleados de PDVSA en 2003 y la infame Lista Tascón en 2004, crímenes de discriminación nunca antes vistos. Hoy en día, la dictadura aterroriza a sus empleados con botarlos si no acuden a las cada vez más esmirriadas marchas oficialistas. Igualmente, sus comisarios políticos amenazan a quienes cacerolean o manifiestan exigiendo elecciones, con no entregarles la mísera bolsa del Clap, extorsionando así con el hambre de la gente en función de sus miserables intereses políticos.
Ser trata también de un Estado forajido. John Rawis (1921-2002), un eminente politólogo norteamericano, lo define como aquel que desconoce los derechos humanos y utiliza la juridicidad como una ficción a su servicio. Otra definición muestra al Estado forajido como aquel que se pone al margen de la comunidad de naciones, no acata sus decisiones para garantizar la paz y el orden mundial e incumple sus convenios internacionales. Ambas definiciones retratan al Estado venezolano.
Pero en Venezuela el actual régimen une a su naturaleza terrorista y forajida una profunda ineficacia como Estado, al punto tal de no cumplir con la condiciòn básica por la cual se crearon los Estados como figuras constitucionales y jurídicas: la de proteger a los ciudadanos y sus bienes, regular la convivencia entre ellos y garantizar el funcionamiento normal de la sociedad.
Tenemos entonces también un Estado fallido, pues no garantiza esa condición primaria y esencial. Los venezolanos estamos absolutamente desprotegidos en todo sentido: aquí el Estado no garantiza la vida y la propiedad, los dos derechos naturales por excelencia. Por supuesto que tampoco protege otros derechos humanos prioritarios, como los de la alimentación, empleos estables y bien remunerados, la salud y la seguridad personal, jurídica y social, todo ello de mínimo cumplimiento en un Estado social y de derecho, conforme lo define la Constitución Nacional.
Por cierto que a algunos podría parecer contradictorio que una dictadura sea, al propio tiempo, un Estado fallido. Lo afirmo porque -casi siempre- las dictaduras son eficientes, al menos en materia de seguridad, orden interno y obras públicas. Aquí, por ejemplo, la del general Pérez Jiménez lo fue, tanto como en su abierto irrespeto a los principios democráticos y los derechos humanos de sus adversarios.
La actual dictadura venezolana, por el contrario, es profundamente ineficiente e incapaz, tanto que luego de casi dos décadas en el poder y de haber dilapidado y robado más de 900 mil millones de dólares, sus resultados son realmente escuálidos, si se los compara con la década dictatorial entre 1949 y 1957 y, sobre todo, con la República Civil entre 1958 y 1998.
Y es que, por ejemplo, siendo un régimen que se proclama cívico-militar (cuando, en realidad, es cínico militar), en el que altos oficiales militares copan casi toda la estructura del Estado, no se justifica que no tenga control de sus extensas fronteras y que en amplias zonas como los estados Apure, Amazonas y Bolívar haya declinado su poder en mafias guerrilleras, mineras y narcotraficantes, renunciando así a su obligación de preservar tanto la integridad territorial como la seguridad de sus ciudadanos. Y esto no es otra cosa que un Estado fallido, amigo lector.
Estas y otra razones más son las que justifican plenamente la necesidad patriótica de sustituir al actual régimen chavomadurista. Y es que en lugar de un Estado terrorista, forajido y fallido como el actual, requerimos de un Estado social de derecho al servicio de todos.
@gehardcartay