Sobre mi mesa tengo tres temas para este artículo. Uno de ellos es sobre el papa Francisco y su sesgada y complaciente posición sobre la crisis venezolana. No termina de asumir que se vive una dictadura y que la lucha es desigual. Mientras la oposición cada vez más unida en su objetivo fundamental, salir del dictador, el populista obispo romano se empeña en decir que está dividida.
El otro tema está referido al anuncio de una asamblea constituyente, anunciada por el dictador Maduro. De ello gran parte de país se encuentra hablando. Finalmente, el tema de las noches de terror que se viven en las grandes ciudades venezolanas, ha tenido en estos días su culminación en la invasión que hizo la dictadura a las residencias de los vecinos de la urbanización Sucre, al oeste de Barquisimeto.
Los dos primeros temas tienden a convertirse en distractores, como suele ocurrir por estos días, bajo asesoría del G2 cubano, mientras se cocinan guisos de corrupciones o nuevos y escandalosos aumentos de alimentos y medicinas, que escasamente se pueden comprar y que ya están desapareciendo de los anaqueles y farmacias.
Decido concentrarme en el último tema pues reconozco que es allí donde están ciertas claves que desnudan la monstruosidad y perversidad de una dictadura que acelera su poder para aniquilar, usando el terror, a toda disidencia por muy insignificante que sea.
Los vecinos y jóvenes fueron sorprendidos y agredidos alevosa y cruelmente. La desigual confrontación de vecinos y jóvenes de entre 16-21 años, armados con piedras, palos, pancartas y pitos, contra una fuerza cercana a la centena de militares, policías y paramilitares (en Venezuela se les conoce como Colectivos de la Muerte) fue, a todas luces, una confrontación desigual.
El resultado fue una feroz lucha de heridos, robados y detenidos, que inició pasadas las 6 de la tarde y culminó cerca de la 1:30 de la madrugada. Camiones, tanquetas, motocicletas se juntaron para una arremetida con bombas lacrimógenas, disparos de perdigones y otras armas letales.
Los agresores militares, policiales y paramilitares aterrorizaron a los vecinos destrozando ventanas, rejas, portones y puertas, tanto de estacionamientos como de apartamentos. Rompieron y robaron en los hogares. Humillaron a mujeres y ancianos. La bota negra se sentía más oscura y tenebrosa en la oscuridad de las sombras. Para ello, cortaron el servicio eléctrico. Balearon y robaron transformadores.
Los jóvenes, al verse rodeados decidieron subirse a las azoteas para protegerse. Pero desde los cuatro costados los agresores seguían disparando y lanzando gases lacrimógenos. Mujeres, ancianos y niños quedaron atrapados en medio de la anarquía y terror que se vivió.
Lo alarmante han sido tres hechos. La orquestada agresión a una comunidad por tradición calmada y laboriosa. Además, agresores quienes se subieron a los techos de varios comercios disparando armas contra los edificios.
Lo segundo, autoridades estadales que tuvieron que ser presionadas desde las redes sociales, como el mismo gobernador y alcalde, para que se presentaran a mediar y poner fin a semejante atropello contra los ciudadanos.
Y lo peor. Los vecinos afirmaron y denunciaron, a diputados nacionales y otros representantes de la sociedad civil, que gran parte de los guardias nacionales que les agredieron tenían, cuando hablaban, un marcado acento cubano.
Con ello se demuestra, una vez más, lo denunciado desde hace varios años: en Venezuela existe presencia de militares de las fuerzas armadas cubanas infiltrados en las filas del ejército venezolano. Son, posiblemente, los denominados “avispas negras” cubanos, grupo élite de las fuerzas de choque especializados en represión, tortura y asesinatos selectivos.
De ello es absolutamente seguro que la jerarquía del Alto Mando militar venezolano esté informado. Por lo tanto, lo ocurrido en la urbanización Sucre es, evidentemente, un acto de agresión a la población civil, planificado con la anuencia de militares nacionales destacados en la zona del estado Lara. Su responsabilidad al permitir semejante y vil agresión a vecinos indefensos, junto a niños y ancianos, recabado con testimonios, grabaciones de videos, fotografías y audios, además de declaraciones de testigos presenciales, comporta una transgresión y delitos de Lesa Humanidad, perfectamente descritos en el Estatuto de Roma, de alcance universal, y juzgados como crímenes que jamás prescriben.
Por lo tanto, los oficiales militares y policiales que participaron en este hecho punible, sea de cualquier jerarquía o rango, tendrán que ser juzgados en su momento, tanto por autoridades nacionales y por aquellas donde el Estado venezolano es signatario, como la Corte Penal Internacional.
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