Este 05 de mayo se interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra Ricardo Molina, Ministro de Transporte Terrestre, y contra Gerardo Molina, Presidente del Metro de Caracas. La iniciativa de Espacio Público, junto al especialista en Derechos Humanos Gregorio Riera, Provea y Acceso a la Justicia; solicita la protección de derechos e intereses difusos y una medida de amparo cautelar, por el cierre sistemático y arbitrario del servicio del Metro de Caracas cuando hay convocatorias a manifestaciones pro-oposición.
Nota de Prensa
Durante los días de manifestación pro-oficialismo, el servicio del Metro de Caracas ha estado generalmente operativo en su totalidad; sin embargo, durante los días de manifestación pro-oposición el Metro ha suspendido el servicio en diversas estaciones. Estos cierres evidencian la motivación y finalidad discriminatorias para restringir la movilización de opositores, aun cuando las consecuencias de la medida afectan a todos los usuarios del servicio por igual, violando los artículos 21, 53, 57, 62 y 68 de la Constitución Nacional.
La suspensión de los servicios del Metro viola los derechos humanos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre tránsito, libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, y a manifestar pacíficamente. Sólo es posible restringir la libertad de tránsito cumpliendo con tres condiciones: que la medida sea i) legal; ii) persiga un fin legítimo; iii) idónea, necesaria y estrictamente proporcional en una sociedad democrática, como lo consagran los artículos 50 de la Constitución, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La medida aplicada por el Metro de Caracas no es proporcional a la finalidad que supuestamente persigue, afectando a toda la colectividad. Como explica la demanda: “Se procede con el cierre masivo de estaciones, cuando no total, ante “presunciones de violencia,” ante hechos “eventuales” o “posibles” de violencia, y si efectivamente ocurrieran o comenzaran, nunca justificarían cerrar tantas estaciones y menos el servicio completo. Es mayor, con creces, el perjuicio que se causa con esta medida de suspensión del servicio a todos los usuarios del Metro, en comparación con el aparente beneficio que aporta dicha medida”.
Sumado a esto, el Metro de Caracas apoya abiertamente la gestión del Presidente Maduro, parcializándose políticamente y demostrando que su servicio se ofrece a causas del oficialismo, mientras se niega a causas de la oposición. Como servicio público de transporte, el Metro de Caracas debe funcionar institucionalmente, para todos los venezolanos y venezolanas sin distingo político.
En este sentido, la demanda explica ampliamente cómo los usuarios regulares y potenciales del Metro de Caracas, incluyendo manifestantes opositores, han sido víctimas de un conjunto de actos discriminatorios de sus derechos por parte del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, el Ministro del Poder Popular para el Transporte y el Presidente del Metro de Caracas. Al afectar el derecho a la manifestación, libre tránsito y libertad de expresión de un número indeterminado de personas, resulta indispensable el ejercicio de una acción de derechos e intereses difusos.