Los abogados Carlos Guevara, Alejandro Guevara, Luis Sucre y Mariana Campos solicitaron formalmente a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que designe a fiscales del Ministerio Público con competencia en la Protección de Derechos Fundamentales, en los centros asistenciales donde son atendidas personas heridas provenientes de las manifestaciones políticas que se realizan en el Área Metropolitana de Caracas, específicamente en Salud Chacao y Salud Baruta.
Nota de prensa
Según explicaron, acudieron este lunes 8 de mayo a la sede principal de la Fiscalía para introducir dicha solicitud con el objetivo de que puedan constatar el ingreso de personas lesionadas como consecuencia de actuaciones policiales, el estado de salud de aquellos que ingresen a los referidos centros asistenciales; y, atención a ello, procedan a iniciar de oficio, de considerarlo pertinente, las investigaciones penales ante la posible comisión de hechos delictivos que vulneren los Derechos Fundamentales.
“Ha sido un hecho público, comunicacional y notorio, los evidentes excesos policiales durante la represión de movilizaciones políticas de carácter pacífico; hechos que han sido recogidos parcialmente por su despacho, en los que se incluyen; la utilización de armas de carácter disuasivo de forma letal; lesiones personales y torturas a manifestantes; modificación y alteración de municiones; uso indiscriminado de sustancias tóxicas y nocivas para la salud; destrucción a la propiedad privada por parte de funcionarios policiales y militares; así como la perpetración de delitos contra la propiedad por parte de funcionarios del Estado venezolano”, se señala en la denuncia interpuesta, según explicó Carlos Guevara.
En este sentido, Sucre y Campos resaltan que durante estas protestan se han visto lesionadas más de setecientas personas de acuerdo a las cifras oficiales aportadas por el MP, sin embargo, destacan que en su mayoría estos hechos no fueron denunciados, lo cual imposibilitará la determinación de la responsabilidad penal de los eventuales responsables de hechos delictivos que vulneren los derechos fundamentales, motivo que los lleva a realizar dicha solicitud de conformidad a sus atribuciones Constitucionales y legales.