José Gregorio Meignen, directivo del Colegio de Abogados del estado Bolívar, exhortó al pueblo, que aún sigue creyendo en la llamada “constituyente de paz” de Nicolás Maduro, a reaccionar contra ese proyecto fraudulento impulsado por el gobierno nacional que pretende crear un Estado Cubano sin democracia.
Nota de prensa
Meignen precisó que el país, y los venezolanos se están jugando su futuro, por lo que instó a todos aquellos funcionarios que están siendo reclutados y citados para organizar, colaborar y promover la abolición ilegal de la Constitución Nacional de 1999, y con ello el Estado de Derecho, y la vigencia de todos los derechos constitucionales, a enfrentar y rechazar el proyecto ilegitimo, que se pretende imponer unilateralmente el próximo 30 de julio.
El jurista y, también tesorero del gremio de abogados en Bolívar, señaló que la Constitución Nacional es clara y precisa, no sólo en cuanto a su ejercicio, sino además en lo que respeta a su trasgresión. “Para garantizar la dignidad humana son imprescindibles la democracia y el respeto a la Constitución Nacional”, aseguró el tesorero del Colegio de Abogados del estado Bolívar, a propósito del grave peligro de que pueda consolidarse la Constituyente al mejor estilo del gobierno
Explicó que todo funcionario que se involucre en la organización y participación de un evento que conlleve a eliminar, casi de un plumazo, la Carta Magna del 99, mediante una iniciativa inconstitucional podría ser objeto en un futuro de severas sanciones penales, administrativas y civiles.
El artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
El jurista fustigó la celebración de unas elecciones de Asamblea Nacional Constituyente innecesarias y perversas, que se “plantea con ardides, tretas, estratagemas, engañosos supuestos y propósitos, como la de `construir la paz y crear condiciones para resolver la crisis”.
Meignen afirmó que para nadie es un secreto que se está ante un gobierno, que a todas luces lo ha dicho, busca eliminar la Asamblea Nacional, tener máximo control de la sociedad atentando contra la paz de la República.
“El gobierno transgrede el artículo 347 de la Constitución, con una Asamblea Nacional Constituyente requerida por el Presidente de la República Nicolás Maduro, lo que ha sido uno de los detonantes de tener a un pueblo en la calle ejerciendo su derecho a manifestar contra esta propuesta”, dijo.
Asimismo, advirtió que de lograrse este proyecto perverso constituyente del gobierno se consolidaría el modelo político social cubano. “Tendríamos una Carta Magna destinada a la conformación de una sociedad configurada sobre principios de escasa democracia y participación, que afianzarían la tendencia autoritaria y limitarían abruptamente las libertades civiles, así como la participación de la ciudadanía”, advirtió.
Meignen invitó al pueblo a continuar cumpliendo con el artículo 132 de la Constitución, que impone a todo venezolano el deber “de defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de paz social”.
Para finalizar el jurista aplaudió la jornada cívica y democrática de consulta popular del pasado domingo realizada por la oposición, que demostró ser un triunfo de la democracia y fuerza de los venezolanos que quieren alcanzar la convivencia ciudadana.
Desde el gremio de abogados, dijo, felicitamos a todos los que de una u otra forma participaron en esta actividad. La mayoría de los venezolanos acudió en familia dando muestra de querer un país mejor, el de la inclusión de todos, en el que con el sacrificio de todos lograremos el cambio necesario para que Venezuela recupere la senda perdida del progreso, abandonada por la aplicación de políticas erróneas e inadecuadas que llevaron al empobrecimiento de sus habitantes, a la escasez de alimentos y medicinas, a la inseguridad y, a la ruptura del núcleo familiar al obligar a la migración de la generación de relevo.