No hay suficiente gas lacrimógeno o balas en Venezuela para mantener al dictador Nicolás Maduro en el poder, precisamente porque su régimen no tiene dinero disponible para apoyar su aparato represivo e importar alimentos al mismo tiempo. Aunque los titiriteros cubanos y rusos de Nicolás Maduro están dispuestos a ver a los venezolanos hambrientos, golpeados, y en la sumisión, la comunidad internacional no lo está.
Existe un consenso entre las principales naciones de la región y entre los líderes bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos de que los venezolanos pueden resolver esta crisis si son capaces de elegir un nuevo gobierno que acabe con la represión violenta, que respete las instituciones democráticas y que reconstruya una economía de libre mercado. Acciones prontas por parte de la Administración del presidente Trump pueden asegurarse de que esto suceda.
El pasado domingo, más de siete millones de venezolanos—un tercio de los votantes del país—participaron en un “plebiscito” de la oposición que repudió abrumadoramente el plan del régimen de convocar una “asamblea constituyente” para destruir los vestigios de la democracia y el Estado de derecho. Los electores también apoyaron la celebración de elecciones para elegir un nuevo gobierno, y pidieron a los militares que respeten la constitución.
Una gran mayoría de observadores predicen que los secuaces del régimen en el consejo electoral amañarán un referéndum programado para el 30 de julio. En dicho referéndum se piensa autorizar la asamblea inconstitucional de Maduro con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional controlada por la oposición y amasar todo el poder en las manos del presidente. En lugar de esperar este golpe de gracia, la comunidad internacional debe apoyar el plan de la oposición para establecer una transición democrática que recoja las piezas cuando la dictadura en bancarrota de Maduro colapse.
La oposición ya está unida para exigir la liberación de todos los presos políticos, el respeto a la autoridad de la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones nacionales. A través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y países clave como México, Brasil, Argentina, entre otros, se puede reforzar esa unidad convocando una sesión de trabajo con líderes de la oposición democrática para elaborar un plan urgente que ponga en marcha una transición democrática, elecciones supervisadas internacionalmente, ayuda humanitaria, y recuperación económica.
Los Estados Unidos y gobiernos aliados deben declarar que si Maduro continúa con su plan de disolver la democracia, retirarán a sus embajadores de Caracas y tratarán a la Asamblea Nacional como el representante legítimo del pueblo venezolano. Esta coalición ad hoc también debe comenzar a construir un caso ante la Corte Penal Internacional contra los líderes y funcionarios de seguridad del régimen de Maduro por el uso sistemático de asesinatos y la violencia.
La Administración del presidente Trump debería dar seguimiento a la sanción de febrero en contra del vicepresidente venezolano, Tareck el-Aissami, con medidas específicas para congelar los bienes de las personas responsables de la represión, el narcotráfico y el saqueo de bienes públicos. Washington debería compartir con autoridades latinoamericanas y europeas lo que sabe sobre la corrupción desenfrenada en Venezuela, incluso sobre la petrolera estatal venezolana, para exigir fuertes sanciones multilaterales.
Funcionarios de los Departamentos del Tesoro de estos gobiernos también deben formar un grupo de trabajo encargado de localizar, congelar y repatriar los cientos de miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano por Maduro y sus secuaces. Este equipo internacional puede asegurar que el gobierno de transición de Venezuela tenga acceso a financiamiento urgente para importar alimentos y medicinas, para hacer frente a la aplastante deuda internacional y para reconstruir una economía y una infraestructura colapsadas.
El Presidente Trump puede asegurar un fuerte apoyo interno para estas medidas al trabajar con el Senador Marco Rubio (R-FL) y el Senador Ben Cardin (D-MD) para mejorar y aprobar la legislación que introdujeron hace unos meses sobre Venezuela. Esta misión de rescate urgente para ayudar a un vecino sudamericano puede ser un caso excepcional para establecer un plan cooperación internacional y bipartidista de base amplia.
Aliados democráticos en las Américas y en otras regiones no deben esperar a que se consolide el trágico colapso de Venezuela. Tampoco deben dudar en decirle a Rusia, China y Cuba que su posición en cuanto a Venezuela debe estar a favor del pueblo venezolano, o que se hagan a un lado.
Por: Roger F. Noriega
Traducción del inglés por Interamerican Security Watch