No puede negarse en estos cruciales momentos, que una decisión relacionada con la convocatoria a inscripción de candidatos para las elecciones regionales resulta verdaderamente difícil. Consideramos que son válidas las argumentaciones surgidas de uno y otro lado del sector democrático que exponen posiciones enfrentadas; sin embargo, su complejidad plantea la necesidad de enfocarnos en un análisis y una discusión constructiva que nos permita lograr el más satisfactorio consenso que complazca a la mayoría y evite abrir más grietas de las que tenemos. Aunque, insistimos, no es tarea fácil.
Porque si partimos de la base de la ilegalidad de la instituciones involucradas en la convocatoria comicial fijada para diciembre de este año, debemos recordar en principio que existe un Tribunal Supremo de Justicia que invalidó la legítima elección de cuatro diputados indígenas y, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, designó a dos miembros del Consejo Nacional Electoral, ya de hecho en situación irregular por sus actuaciones frente a la violación del derecho constitucional de revocar Presidente de la República, a elegir en su momento a sus autoridades regionales, auspiciar, promover y, ahora, consumar el fraude constituyente como ha sido evidente y denunciado.
Tal situación desmerita un proceso electoral que, por su propia naturaleza, debería ser organizado y llevado a feliz término dentro de un marco institucional que transmita plena confianza, tanto en la institución a la que corresponda organizar las elecciones y llevarla hasta su feliz término como entre las organizaciones partidistas participantes en él, así como en los propios votantes.
Pero por otra parte, sigue pesando sobre la dirigencia democrática del país el fantasma de la abstención que, desde las elecciones para la Asamblea Nacional del 2005, permite el secuestro de todos los poderes del Estado por parte del chavismo y ahora del madurismo. Y de allí que se mantenga el temor a que dejarlos nuevamente solos en el terreno sirva para poner en bandeja de plata al régimen todas las gobernaciones y consejos legislativos de los estados, en el proceso que hoy se propone.
Se estima que ante ese temor, Acción Democrática, en la voz de su secretario general Ramón Ramos Allup, quien tras reconocer el error incurrido en el pasado, haya anunciado que su partido participará en todos los procesos electorales pendientes, incluyendo las municipales; mientras que por Primero Justicia, también su secretario general, Tomás Guanipa, ha adelantado opinión sobre la posibilidad de una participación condicionada en los anunciados comicios.
De igual manera está presente la consideración de que la Constitución de la República establece disposiciones precisas sobre lapsos de ejercicio de los elegidos así como fechas de elecciones que, como es sabido, han sido alteradas por el actual CNE. Recordamos, con relación a este aspecto, que el líder de Primero Justicia, Henríque Capriles, indicó en el programa dominical de Carlos Croes, pocas horas después del anuncio de Tibisay Lucena sobre la decisión del CNE de convocar a elecciones regionales después de la constituyentista, que su partido estaría dispuesto a participar en “cualquier elección que esté en la Constitución”.
Otro elemento para considerar es que, si bien es cierto que prácticamente en lo interno del país no cuenta la oposición con instituciones que no hayan sido vulneradas por el régimen, dejando al sector mayoritario del país prácticamente desvalido en relación con la posibilidad de hacer valer sus derechos, en estos momentos el apoyo exterior se coloca en primer plano, y ante ellos es necesario seguir demostrando que los demócratas nos aferramos a la institucionalidad del voto, y sorteando las trampas asumirlo como auténticos propulsores de la vía pacífica y, como existe conciencia en la comunidad internacional, los violentos y tracaleros están en el lado del régimen. De igual forma, cabría considerar que lo del momento son las inscripciones de candidatos pues las elecciones han sido fijadas para diciembre próximo, tiempo que permitiría seguir sosteniendo las luchas actuales por el retorno a una institucionalidad que pudiera permitir, incluso, contar con otro CNE para el momento de dichos comicios.
Y aunque en sentido contrario a los argumentos a favor de la participación en el pretendido proceso se han expresado voceros de importantes sectores de la oposición, como Voluntad Popular y Vente, que se aferran a los argumentos de ilegalidad y de la requerida transparencia del ente electoral para organizar y llevar a cabo cualquier proceso comicial, se espera que durante este fin de semana se produzcan los necesarios encuentros de todas las organizaciones del sector democrático para definir posiciones y, en la medida de lo posible, anunciar una decisión que los incluya a todos. Aunque cabe advertir que, según puede preverse, como poder ominipotente, la malnacida Asamblea Nacional Constituyente pudiera introducir cualquier modificación en la Constitución que altere lo que allí está establecido en cuanto a lapsos y fechas de comicios, así como de la propia estructura gubernamental de los entes regionales de elección popular.
De manera que la “papa caliente” está en estos momentos en la dirigencia democrática, de quienes todos esperamos que, con cabeza fría y sentido de la gravedad de la situación que hoy enfrenta el país, tengan presente que si no demostramos unidad para resolver nuestros problemas en oposición, mal podremos presentarnos como opción coherente del gobierno que nos correspondería ejercer en un fututo que esperamos esté muy próximo.
@JJMorenoA