La Asamblea Constituyente retiró este jueves la inmunidad del diputado en el Parlamento Germán Ferrer, esposo de la fiscal Luisa Ortega, por supuestamente formar parte de una “red de extorsión” dentro de la Fiscalía, reseñó AFP.
“Se tomarán todos los caminos que nos lleven a la consolidación del Estado de derecho”, dijo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, tras la votación durante una sesión.
La solicitud fue hecha por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, mediante una carta que envió a la asamblea.
“Existen elementos de convicción para determinar la responsabilidad de este ciudadano en delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales, delincuencia organizada y extorsión”, señala la misiva de Moreno.
El miércoles, el constituyente Diosdado Cabello acudió al Ministerio Público para pedir que se investigue a Ferrer, a Ortega y a varios funcionarios del organismo por los supuestos delitos.
“Abrieron cuentas en un banco de las Bahamas por más de seis millones de dólares (…) Buscaban empresas del área petrolera o empresas básicas para extorsionar”, aseguró este jueves Cabello durante la sesión.
El TSJ ordenó la detención de Ferrer el miércoles en la noche, luego de que se lo solicitara el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, tras recibir la denuncia de Cabello.
Según la Constitución, solo el Parlamento puede allanar la inmunidad a sus diputados. Sin embargo, la Constituyente lo hizo porque -asegura- el Legislativo está en “desacato”, como decidió la máxima corte, acusada de servir al gobierno.
“La Asamblea está en desacato y sus actos no tienen eficacia jurídica, por eso la plenipotenciaria Constituyente autoriza al TSJ para el enjuiciamiento de este diputado”, argumentó Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Constituyente.
Tras la denuncia de Cabello, el servicio de inteligencia (Sebin) allanó la casa de Ortega y Ferrer.
El diputado, que formó una pequeña coalición chavista en el Parlamento opositor, aseguró que los documentos que utilizaron para acusarlo son falsos.
Ortega rompió con el gobierno de Nicolás Maduro a finales de marzo tras considerar una “ruptura del orden constitucional” decisiones del TSJ que socavaron las funciones del Parlamento.