Otra noche para la historia infame del ch … abismo y su infernal empeño en perpetuarse en el poder. Horas de angustia y desasosiego; más gente a engrosar las estadísticas del desempleo; cercenadas las libertadas públicas, esta vez la violación a la libertad de expresión, del pensamiento, la libre empresa, la propiedad privada, entre otros derechos y garantías de similar naturaleza.
Acaso así la peste muestra ese otro modo –a su estilo- de conquistar espacios, con propósitos nada democráticos ni favorables a los intereses del país. Guaridas de mala muerte para espetar insultos, servir de eco al mensaje incendiario y de odio bien aprendido de aquel desquiciado golpista que en mala hora lo sembró en Venezuela, junto con su resentimiento tan arraigado, que pareciera difícil superarlo.
Hoy tocó salir del aire, echadas como perros despreciados, invadidos arbitrariamente de sus respectivos diales, las emisoras radiales 92.9 FM y Mágica 99.1 FM. ¿Se dan cuenta? Ni la épica se decreta ni el talento se habilita. Ocurrió como cuando RCTV, usando el eufemismo de “no renovación de la concesión”.
A quienes nacimos, crecimos y aspiramos seguir viviendo en Venezuela bajo un régimen de libertades públicas, consustanciales con la Democracia, también nos tocó disfrutar y criticar la programación televisiva de RCTV, y desde luego, de las emisoras radiales de nuestra preferencia.
Es el arbitrio o albedrío de cada quien. De modo que la medida que cierra a estas emisoras, de la “no renovación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico”, no ha sido otra cosas que una decisión arbitraria, de retaliación política que echa a la calle a no sé cuántos trabajadores. Resulta, además, contraria a los valores de libertad de expresión, de la libertad y difusión del pensamiento, de la libre empresa, de la pluralidad de opiniones que son inmanentes y connaturales con el sistema democrático.
Por más que se quiera dar sustento constitucional a esa decisión, argumentando “pertinencia” o “discrecionalidad” y pretendiendo colocarla a juro dentro del Estado de Derecho, no hay duda que la misma obedece al interés del gobierno –aun subsistente- de continuar arreciando su control sobre la sociedad, incluyendo desde luego a los medios de comunicación social que les resulta ser como piedras en el zapato, por pensar distinto o por ejercer una labor crítica.
Venezuela, como Estado que forma parte del concierto de naciones, no solo se rige por un ordenamiento jurídico interno, sino que ha suscrito una serie de tratados Internacionales que son ley en la República, atinentes a distintas materias, incluyendo la política que conlleva el obligatorio respeto a los DD. HH.
La referida medida contra las emisoras nombradas, aquella sobre RCTV y la espada sobre tantas otras, atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, lo que de suyo es incompatible con compromisos internacionales asumidos por Venezuela, y con la democracia misma.
Así las cosas, el Ejecutivo no tiene facultades constitucionales que le permitan coartar el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Como señalan diversos tratadistas de Derecho Público y Constitucional, las libertades públicas son un límite al ejercicio del poder del Estado, y no una concesión graciosa de los gobernantes, que éstos puedan administrar a discreción.
Ha sido pacífica la jurisprudencia de Tribunales Internacionales al tratar el tema de las licencias o concesiones del Estado para el uso de frecuencias por parte de empresas de radio y televisión, en el sentido de que éstas están sometidas al cumplimiento de procedimientos y normas de cualquier restricción a la libertad de expresión, dentro del Estado de Derecho vigente en cada país. Pero ello no significa que mediante ese sistema de licencias el Estado pueda restringir, censurar o en modo alguno coartar el ejercicio de la libertad de expresión de las empresas licenciatarias o concesionarias, pues los Estados solo están autorizados a regular las transmisiones radioeléctricas “en sus aspectos técnicos”.
Quizá las emisoras recurran a la vía judicial para atacar la medida, anunciada y ejecutada, y el gobierno demuestre tener razones para “tal atropello”.
Bueno, en un país donde la administración de justicia no está precisamente en sus mejores tiempos, y para quienes se preguntan por o para qué recurrir a sus órganos contra una medida que proviene de las alturas del poder, donde los poderes, salvo la AN, están al servicio de uno de ellos, la respuesta no es otra que la conveniencia y necesidad de dejar constancia, registro o señales para la historia.
En Democracia, el estricto respeto a la libertad de expresión sí es un deber incontrovertible del Estado, y conveniente es el funcionamiento de medios de comunicación independientes como reflejo del carácter plural de la sociedad.
Con abusos y atropellos, no palpita ningún “corazón llanero”. ¡Cuánta chapuza gobiernera, cuánto bodrio chapucero!
Jesús Peñalver