Los políticos -no todos, afortunadamente- insisten en guardar secretos, se creen con derecho de pactar, negociar, debatir y no contar lo discutido a los ciudadanos. Son mentirosos aquejados del secretismo obsesivo. Por eso la ciudadanía pierde confianza y los reclamos quejumbrosos de hipócritas caen en saco roto, no atinan a entender que ya no gozan de representación real, que la confianza es una actitud mutua.
Ocultadores profesionales con maestría no terminan de entender que el secreto que tanto aprecian y porfiados practican, hace presumir negocios oscuros que no van en beneficio de los intereses nacionales y colectivos, sino en provecho individual partidista. Guste o no, es la percepción de la mayoría, y la gente tiene razón, ¿cómo confiar en quien dice no estar haciendo algo, que se presume -o se sabe- sí lo está realizando?
El secretismo es la tendencia a mantener en secreto los asuntos. Es la práctica de compartir información entre un grupo restringido de personas -cómplices del secreto-, mientras se esconde a otros, la mayoría, lo cual es injusto y arbitrario para una sociedad que de una u otra manera será la afectada y sufrirá las consecuencias de lo que esos personajes políticos de parte y parte discutan, rechacen o acuerden en la penumbra.
En cuestiones de política y Gobierno, todos lo saben, ocultamientos hay muchos, demasiados. Algunos incluso legales, otros de conveniencia y excesivos de simple desprecio por el ciudadano común. Es tradicional el secreto militar, legal el sumarial en procesos judiciales e investigaciones policiales, obvio el camuflaje y la desinformación estratégica en ciertas actividades diplomáticas y gubernamentales. Aunque es de señalar, que en los países serios tienen normas que regulan el uso de la confidencialidad. Hay los secretos en estrategias y decisiones empresariales. Y está, también, el pesado e intrincado manto del secreto criminal, que puede llegar a ser asfixiante y perverso.
Pero cuando un gobierno, la oposición política y elementos vinculados -asesores, mediadores, negociadores- dialogan, conversan, debaten o como quieran llamarlo, sobre asuntos que conciernen y perturban a la ciudadanía, una cosa es la prudencia comprensible, otra el ocultamiento insultante.
Para empezar, sobre los ciudadanos nadie puede discutir, mucho menos acordar y decidir, sin su expresa autorización. Los políticos venezolanos de todos los grupos han abusado en demasía de ese error, y hoy, tanto el Gobierno como la oposición están siendo víctimas de sus acuerdos clandestinos, falsedades y promesas incumplidas. Como hacer creer que los fracasos de unos pocos son de todos los ciudadanos; por el contrario, las victorias se la atribuyen solamente ellos.
La gente se hartó. Es imposible creerle a un oficialismo que habla descaradamente de un país maravilloso, el mismo que llevan casi 20 años ofreciendo, pero está cada día peor, y a una oposición que proclama la rebelión total para conquistar un país diferente, decente, de principios y buenas costumbres, para aceptar de seguidas formar parte plena de lo de siempre.
El problema es que ciertos políticos electos para responsabilidades esenciales, como son los cargos por elección popular, diputados a la Asamblea Nacional, concejales, asambleas legislativas estadales, gobernadores, alcaldes y Presidente de la República, con la misma pasión con la cual piden el voto, una vez electos se sienten canonizados y no obligados a rendir cuentas. Se equivocan, el pueblo reclama y exige.
Y los que a su vez son nombrados ejecutivamente por los electos, creen que sólo deben cuentas a quienes los nombraron y no al pueblo. Otro error. En Venezuela llevamos demasiado tiempo con esa distorsión, que es inconstitucional y además inmoral.
La grandeza de la democracia está precisamente en la consulta permanente a los ciudadanos. En democracia se supone no hay secretos. Eso falla en muchos países que se proclaman democráticos, y en Venezuela la carencia es hábito. Ya sabemos que cuando un político afirma que está haciendo, proponiendo o defendiendo en beneficio del pueblo, lo casi seguro es que esa acción, propuesta o defensa sea en beneficio propio, sus allegados o cómplices, del partido o del Gobierno, en ese orden.
Oficialismo y oposición llevan años hablando de dialogar, presumen conocerse mutuamente, ponerse de acuerdo en puntos básicos, contratan costosos mediadores, pero ni consultan previamente a los ciudadanos ni ponen en la mesa de discusiones lo que el pueblo quiere y piensa. La razón: la gente no ha podido u obtenido el chance de expresar sus pareceres, y si logra -por una suerte de milagro- articular alguna opinión, no la toman en cuenta, la desprecian, solo limitan sus discusiones a las que han sido concertadas en sus cúpulas, en las cuales genialidades e inteligencia suprema se ponen de acuerdo para disponer el futuro del país. Despliegue absurdo de soberbia y prepotencia chocante. No es solo qué se decide sino cómo se hace. Disposiciones unilaterales, violentan el principio básico de asociación, lo evidencian cuando el régimen se ahoga en sus estulticias, es auxiliado. En consecuencia, los ciudadanos inconsultos, menospreciados e ignorados son los únicos exentos de cancelar equivocaciones cogollericas.
La democracia venezolana es normalmente acuerdo de unos pocos cómplices y socios entre sí.
Por eso y mucho estamos en un trance de confianza, la crisis de representatividad y desprestigio de la dirigencia se extiende como niebla viscosa sobre lo económico, social y político. Se ha llegado al extremo, al borde del barranco, la última señal, cuando la nación y su comunidad social, ya no profesan ni confían en sus dirigentes. El daño ha sido y es inconmensurable.
@ArmandoMartini