Rafael Narváez: Cruz Roja internacional debe constatar estado de salud de estudiantes de Upel en El Dorado

Sep 8, 2017 4:24 pm
Publicado en: Actualidad, Nacionales

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Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, deploró el estado en el que se encuentran los estudiantes de la UPEL recluidos en la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar y exigió a la Cruz Roja internacional que haga presencia en el lugar, debido a que uno de los jóvenes sufre de paludismo sin que hasta ahora los organismos del Estado hayan emitido opinión. “He conversado con la mayoría de los familiares y su testimonio es de dolor e impotencia ante la indiferencia del gobierno nacional”.

Nota de prensa

De igual forma, en su opinión, la Cruz Roja venezolana también debe hacerse presente y cumplir con el decálogo sobre los derechos en el sentido humanitario. “El Estado debe abrirle las puertas a la Cruz Roja para que puedan constatar el estado de salud de los estudiantes de la UPEL”.

Aseguró que los jóvenes detenidos en esta cárcel son vejados de forma constante por los custodios, además, son sometidos a condiciones infrahumanas y falta de atención médica. “Los familiares tienen que hacer una cruzada para llegarse hasta El Dorado para luego, esperar por más de tres horas para ser atendidos y para colmo, deben pagar para entrar a una cárcel obsoleta que no cumple los requisitos y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en relación al cuidado de los detenidos”.

Para el jurista, la situación de los detenidos en Venezuela a consecuencia de las protestas que durante 4 meses se mantuvieron en diversas regiones del país sigue siendo “precaria” al no haber atención oportuna del Estado, “quien tiene la obligación de preservar la vida de los recluidos en cualquier centro penitenciario”

Narváez le recordó al Estado que la salud es un Derecho Humano fundamental. “Ni el Ministerio Público, ni el fiscal provisorio y mucho menos el Defensor del pueblo han tenido la voluntad o el corazón de visitar las cárceles como la de Uribana, donde hay detenidos que corren el riesgo de contraer tuberculosis o como en los casos de la PGV 26 de julio donde no hay atención médica y el Sebin en Caracas donde tienen detenido al alcalde Alfredo Ramos, quien sufre de hipertensión y no le permiten atención médica”.

Por otra parte, Rafael Narváez denunció que solo resultó ser una “vulgar mentira” por parte del Ministerio Público y el Defensor del pueblo los expedientes de más de 450 personas que serían devueltos a la justicia civil y que aun se encuentran en manos de la justicia militar con motivo de las protestas que durante cuatro meses hubo este año en casi todo el país. “Los militares no tienen competencia para juzgar a civiles, solo a militares activos que comentan delitos militares”.




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