En vigencia Reforma al Código Orgánico Procesal Penal

En vigencia Reforma al Código Orgánico Procesal Penal

La Reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), aprobada en junio pasado vía Ley Habilitante por el presidente, Hugo Chávez, entró en vigencia este martes.

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Esta normativa jurídica incluyó cambios sustanciales al COPP, al suprimir, incluir o modificar, de fondo o de forma, más de la mitad de sus artículos.





Entre las variaciones consta la incorporación del principio de participación ciudadana en el desarrollo de todo proceso penal, en base al ejercicio de la democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución de la República.

La Reforma al COPP también establece la creación de tribunales penales municipales, con competencia en aquellos delitos cuyas penas no excedan de ocho años de privación de libertad.

En ese contexto, el 20 de diciembre la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, inauguró 11 tribunales penales municipales con sede en el capitalino Palacio de Justicia, con lo cual se profundiza la transformación del sistema judicial venezolano.

La magistrada aseguró que este es solo el inicio, pues aspiran a constituir un total de 150 tribunales penales municipales en todo el país en el 2013.

A juicio de Estella Morales la creación de estas instituciones es el principal aporte realizado este año por el TSJ a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, programa creado por el gobierno en junio de 2012, a fin de disminuir los índices de delitos y elevar la seguridad ciudadana en la nación suramericana.

Explicó que la creación de estos nuevos juzgados constituye un cambio de fondo en el sistema de justicia penal, caracterizado por la aplicación de nuevas instancias jurisdiccionales y procedimientos para el conocimiento de delitos menos graves.

Una de las novedades de estas instancias es que las comunidades coadyuvarán en la vigilancia del cumplimiento de la condena, la cual se ejecutará esencialmente con trabajo comunitario, a fin de lograr la reinserción social del sancionado.