La madrugada del 25 de agosto del 2012 una explosión generada por una presunta fuga de gas incendió tres tanques de la refinería Amuay, en la península de Paraguaná, dejando, de acuerdo a la última versión oficial, 42 muertos, 132 heridos, ocho desaparecidos y alrededor de 500 viviendas afectadas. Las respuestas a lo ocurrido aún siguen siendo un misterio, publica El Carabobeño.
Yamis Urbano Valencia | [email protected]
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), al igual que la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, han exigido en reiteradas oportunidades al Estado venezolano que responda por los daños causados e indemnice a los afectados de la tragedia.
Tres de los informes oficiales que se han debido entregar luego de la explosión, no han sido consignados ante la Asamblea Nacional, denunció a principios de noviembre Machado. Habían transcurrido ya 80 días de la tragedia y aún no había respuesta de lo sucedido.
En la segunda presentación pública de la “Comisión de la Verdad sobre Amuay”, integrada por once diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, Machado manifestó que ni el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Ministerio Público ni Petróleos de Venezuela han entregado los informes correspondientes de los resultados que arrojaron sus investigaciones.
A pesar de que el viernes 21 de diciembre la fiscal general de la República informó que el acto conclusivo de las investigaciones sobre la explosión sería presentado en marzo, los otros dos organismos aún guardan silencio.
El Sistema Integral de Prevención de Riesgos de Pdvsa establece que cuando se presentan accidentes graves, se deben entregar tres reportes. El primero en 35 días para la gerencia de la planta, el segundo en 45 días para la Vicepresidencia de Refinación y el de los 60 días a la Junta Directiva de Pdvsa. Han pasado 24 días desde que los informes debieron ser consignados ante las distintas jefaturas.
Para Machado, resulta grave que no haya respuesta para los afectados. “No hay indemnización para familiares, ni para trabajadores, ni comercios, ni vecinos de la zona. Es engaño tras engaño”, remató.
Responsabilidad estatal
La Constitución establece con absoluta claridad la responsabilidad del Estado venezolano por los hechos ocurridos en la refinería de Amuay y los daños y perjuicios que debe indemnizar. El artículo 140 de la Constitución establece: El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.
“En el caso de Amuay estamos ante hechos provocados por una empresa compañía anónima de carácter público donde el Estado venezolano es el único dueño de las acciones, aseguró Marino Alvarado”, coordinador de Provea.
Según Alvarado una forma de indemnización a las víctimas ya se hizo, y tuvo que ver con los integrantes de la Fuerza Armada que fallecieron fueron ascendidos post mórtem. Pero cree que eso no basta, pues se pregunta, ¿Qué pasará con las esposas e hijos? ¿Quién garantizará el sustento, los gastos de escuela de niños y adolescentes?.
Por iniciativa propia y como un hecho de justicia social, el Gobierno Nacional debe ordenar que se garantice una beca de estudio a los niños y adolescentes hasta que cumplan la mayoría de edad. Si las familias tenían créditos de vivienda con algún ente del Estado condonar esa deuda y, si eran con entidades privadas, pagarla. Igualmente debe correr con todos los gastos de atención psicológica y médicos que sean necesarios por los traumas y sufrimientos que la pérdida del familiar acarreó.
Aquellas personas residentes de la zona afectadas en su vivienda también deben ser indemnizadas. No solo es cuestión de “reparar” la vivienda. La indemnización debe abarcar más, pues también hay personas civiles que fallecieron y para ellos deben aplicarse las indemnizaciones anteriores.
Los trabajadores de empresas privadas y pequeños negocios que perdieron sus empleos también deben ser atendidos. El Gobierno debería otorgar a ellos oportunidades de empleo inmediatas y pagar las prestaciones sociales que los comerciantes no están en la actualidad en capacidad de pagar, señaló el defensor en derechos humanos.
Para ellos debe haber créditos en lo inmediato a intereses muy bajos que les permita retomar sus actividades comerciales.
Extinguidas las llamas no se acaba la tragedia. Para muchas familias apenas comienza y el Estado debe atenderlas de manera adecuada.
Bomba de tiempo
Desde septiembre hasta principios de diciembre se presentaron cerca de 17 accidentes graves en las refinerías, en total han sido once el saldo de heridos que han dejado los accidentes. El tiempo de respuesta de Pdvsa ante accidentes graves debe ser, como mínimo, dos horas y en la actualidad pasan hasta 11, informó la diputada de oposición. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petróleros de Venezuela, Iván Freites, dijo de manera desesperada que el Complejo de PetroPiar es una bomba de tiempo, por la falta de mantenimiento. Por ello, la diputada señaló que debe haber una intervención inmediata.