Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que no era necesaria la juramentación ni toma de posesión formal del presidente Chávez porque se trataba de una continuidad entre su primer y segundo mandato. Validaba así el TSJ la decisión de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional que había renovado el día antes el permiso de viaje presidencial, con carácter indefinido.
Más que este dictamen, que pareciera claramente orquestado con el poder legislativo, sorprenden por absurdos los argumentos: no existe ausencia temporal de Chávez, ni mucho menos ausencia absoluta del primer mandatario. Tampoco encuentra motivos ese Tribunal para recomendar que una junta médica califique el estado de salud del mandatario ni el carácter de su ausencia, puesto que se trataría de un simple permiso de viaje del que disfruta el presidente
A nadie extrañaron demasiado las recientes decisiones de la Corte. No es la primera vez que ocurre que sin vergüenza alguna el poder judicial se muestra arrobado ante el oficialismo. Sorprendió si, la argumentación, de carácter casi onírico, que indican que tras un mes de sentida ausencia presidencial el TSJ sentencie que no hay tal. Un presidente que era omnipresente en la vida nacional no ha dado señales de vida en 30 días, ni siquiera un saludito telefónico, una carta firmada de forma manuscrita, o un mal tuit. La Habana tiene el cuerpo como un rehén que cuida con celo, y con ello se abroga el derecho de interpretar y rehacer el testamento presidencial.
Hace casi 20 años, un día de mayo, la Corte venezolana hizo que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez se separara de su cargo. El que la histórica decision de la Corte del 20 de Mayo de 1993 tuviera un sesgo mucho mas político que juridico, es un hecho que pocos pueden objetar. En esa ocasión la Corte oyó argumentos jurídicos. pero también oyó los gritos de la calle, así como los susurros de los muchos enemigos de un presidente debilitado. Allí la Corte escuchó al pueblo, cuyas voces amalgaman la opinión pública. Pero también allí la Corte sentenció a ese mismo pueblo, empujándolo por un despeñadero cuya pendiente parece no acabar.
Esta decisión del TSJ de esta semana, así como la decisión de 1993 marcan dos puntos de inflexión en la política venezolana. La del 93 desencadenó una serie de eventos que horadaron hondamente las instituciones democráticas, y que facilitó la llegada al poder por la vía electoral del presidente Chávez en 1998. La del 2013 me atrevo a augurar que desencadenará consecuencias igualmente importantes que aún no vemos del todo claras.
En la decisión de 1993 influyó notablemente la opinión pública. En la de 2013 influyeron tanto la alta jerarquía del partido de Chavez como la gerontocracia de La Habana, pero también, sin duda, la dama ciega semana se quitó las vendas y le hizo guiños al oficialismo, basada en los resultados electorales de las recientes elecciones presidenciales y regionales que identifican al chavismo como una fuerza mayoritaria, en dos bloques políticos importantes donde un 55% oficialista se impuso sobre un 45% opositor.
No es la influencia de la opinión pública en las decisiones de la Corte, por otra parte, un elemento que hable particularmente mal de la justicia venezolana. La dama ciega se enjuaga los ojos con colirios de opinion pública en casi todas partes del mundo, y ello parece aliviar su cegera. Rara vez las decisiones de la Corte contradicen la opinión de una masiva mayoría. Un estudio hecho por Mishler y Sheehan, dos académicos norteamericanos, analizó la relación existente entre la opinión pública de ese país del Norte y las decisiones de la Corte Suprema, durante un periodo de más de 30 años, para encontrar que, en la mayor parte de ese tiempo la Corte norteamericana había respondido directamente a las tendencias de la opinión pública. Esta relación
estuvo presente aún en la ausencia de cambios en la composición de los miembros de la Corte.
Sin embargo otra conclusión a la que llegaron los mencionados investigadores, tan importante al menos como la primera, es que, para el caso de la sociedad nortemericana las relaciones entre las decisiones de la Corte y la opinión pública son bi-direccionales. Es decir, que es cierto que influye la opinión pública sobre las decisiones de la Corte, pero también es verdad que estas decisiones, una vez tomadas, tienen capacidad de influir, moldear y generar cambios de opinión y actitud en las masas, como en un proceso interactivo. Y aquí es donde la analogía resulta incompleta, puesto que en nuestro caso la decisión del TSJ no influyó, ni poco ni mucho sobre las opiniones que al respecto tenía ya tomadas la sociedad venezolana.
La Corte apostó entonces que los resultados electorales validaban en sentir de las mayorías. Pero tan absurdos fueron sus argumentos que pudo haberse equivocado gravemente. La totalidad del país sabe que Chavez está ausente. Una gran mayoría está consciente de que Chavez no volverá a ocupar sus funciones (unos saludan esta circunstancia y otros lo lloran, pero este es otro cantar). Pero aún cuando el TSJ hubiera fallado a favor de una mayoría política ello no eximiría de culpas a el Tribunal. La linea divisoria entre la soberanía popular y los excesos de las mayorías ha probado en diversas ocasiones y variadas sociedades ser muy tenue. Por ello en su rol prospectivo la Corte debe ser la protectora de las minorías, contra la tiranía de las mayorías. Más aún cuando esa ¨minoría” representa un cohesionado 45% de la sociedad. En ausencia de este rol, el TSJ no hace otra cosa que mostrar la cara más oscura de la institución
Carmen Beatriz Fernández (*)
(*) La autora preside la consultora DataStrategia y es profesora de comunicación política en el IESA. Este artículo fue originalmente publicado en SesiondeControl.com