Por momentos pareciera que la oposición y el chavismo de base olvidan que para quienes dirigen el país estamos viviendo una revolución. Es decir, un proceso de cambios profundos y radicales en donde las normas y las leyes sirven en la medida que fortalezcan el proceso y nunca para limitarlo. El 10E el chavismo tomó una decisión táctica para preservar el poder, independientemente de los temas legales y constitucionales subyacentes. Para la élite que nos gobierna, la Constitución Nacional es una excusa para mantenerse en el poder e imponer un modelo que ni ellos mismos tienen claro, pero que de entrada excluye a todo el que tenga un pensamiento moderno, equilibrado y democrático.
El 10 de enero el PSUV lo que hizo fue resolver un problema interno dentro del partido y la oposición ha hecho lo correcto al denunciarlo y hacerles pagar el costo político y electoral de esa decisión. Ahora, quedarse pegado en la juramentación y el que debía ser Diosdado quien esté al frente del ejecutivo es quizás lo que más le interesa al gobierno. Frente al cúmulo de problemas que se avecinan, y con la ausencia del líder que contenía a las masas, la existencia de un enemigo externo al que achacar la responsabilidad de lo que ocurre es el mundo perfecto para los noveles herederos y sus mentores caribeños.
La posición de la oposición es muy complicada y requiere filigranas políticas y comunicacionales. Llamar a acciones violentas o a desconocimiento de las autoridades, a pocos meses de la victoria chavista del 7 de octubre y de la del 16 de diciembre es una actitud que políticamente no conduce a nada, entre otras cosas porque el pueblo puede acusarnos de estar zamureando el poder. Lo concreto, al margen del debate legal, es que el 10E le correspondía asumir el poder a Chávez y al PSUV. Que ellos hayan decidido darse un golpe dentro del gobierno, para que una facción despachara desde Miraflores en detrimento de otro, no cambia el hecho político de que mientras Chávez esté vivo, y con facultades físicas es el presidente electo y que éste había designado a Maduro como su sucesor.
Lo anterior no implica de ninguna manera dejar de defender la Constitución y las leyes. Los opositores al gobierno, en su gran mayoría, son personas que respetan las leyes, los principios democráticos y la separación de poderes, pero todo ello debe estar conectado con el sentir y las necesidades de las grandes mayorías. Por otro lado, la consecuencia más inmediata de hacer un llamado al desconocimiento del gobierno es el aislamiento internacional, porque para el mundo, que desconoce o se hace el desconocido sobre la composición monopartidista de nuestras instituciones, una decisión del TSJ, acatada por la mayoría del parlamento y del gobierno tiene plena legalidad, al margen de que no posea legitimidad democrática.
Si bien es cierto que a la oposición le corresponde denunciar en todas las instancias posibles las atrocidades institucionales y legales cometidas los últimos días, es un error quedarse sólo en el discurso institucional. Estamos en la obligación de denunciar con mayor fuerza los problemas que afectan al venezolano de a pie todos los días y que este gobierno, sea quien sea su líder temporal debe dar respuesta. La escasez de productos, la inflación de diciembre, que fue de 3.4, la más alta desde el 2010 y que augura un año muy comprometido desde el punto de vista económico; así como el problema del déficit fiscal y las tentaciones de aminorarlo recurriendo al viejo expediente de la devaluación, aumentando el espiral inflacionario o, el peor a mi juicio de todas las desviaciones económicas del gobierno, la enfermiza dependencia de las importaciones en detrimento del aparato productivo criollo y del empleo de la gente. Toda esta problemática económica que golpea nuestros bolsillos sin dejar de lado el flagelo de la inseguridad que implacablemente merma familias venezolanas todos los días.
En conclusión, el 10E se instaló un “gobiernito” que no tiene cualidades legales ni liderazgo para enfrentar los grandes problemas creados por ellos mismos, entre los cuales habría que incluir la necesidad de convocar nuevas elecciones presidenciales, no ya en medio de la sensación de bonanza que había el 7 de octubre, donde según los economistas , el gasto electoral y preelectoral se ubicó cerca del 50 del PIB, sino en un ambiente donde tendrán que elegir entre la devaluación, el recorte del gasto público o aumentar la dependencia del imperio Chino y endeudar el país en aproximadamente 50 mil millones de dólares, para financiar gasto corriente y mantener la sensación de bienestar.
Vienen tiempos difíciles para la oposición y para el gobierno, pero está claro que el país no es el mismo después del 10 de enero y que el 2013 será un año de recomposición del liderazgo político en nuestra convulsionada patria.
Carlos Valero
Les invito a seguirme en twitter a través de @carlosvalero08