CEV: La política penitenciaria del gobierno es “inoperante e ineficaz”

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) afirmó hoy que las políticas del Gobierno en materia penitenciaria son “inoperantes e ineficaces” y pidió una investigación imparcial para establecer las responsabilidades tras la muerte el viernes de 58 reos en la cárcel de Uribana, en el occidente del país.

“Vemos con preocupación que la implementación de políticas penitenciarias por parte del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios son inoperantes e ineficaces; y sigan por lo tanto ocurriendo hechos violentos que vulneran el derecho a la vida a la integridad” de los reos, señaló la CEV en un comunicado.

En el texto, suscrito el obispo Roberto Luckert, presidente de la Oficina de Justicia y Paz, y el obispo Baltazar Porras, responsable de la Pastoral Social, la Iglesia advirtió la “violación constante” de la obligación del Estado “de garantizar de manera especial la vida” de los privados de libertad.

Además, subrayó que “el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales y las vejaciones” de familiares, “siguen afectando a las personas privadas de libertad en Venezuela”.

Exigió al Gobierno que “se comprometa de manera más decidida a solucionar la grave crisis penitenciaria existente” y se tomen medidas para que no se vuelvan a producir hechos como los del viernes.

“Rechazamos categóricamente que a pesar de haber pasado ya más de una década de Gobierno se siga buscando culpables de la crisis carcelaria en el pasado o responsabilizando a terceros, en vez de asumir su propia responsabilidad y utilizar todas las energías en buscar soluciones para el presente”, indicó.

La Iglesia reclamó “investigaciones eficaces, independientes e imparciales que permitan procesar y sancionar a los responsables para que no siga reinando la impunidad”, y exigió que se le permita la entrada en aquellos centros en los que ha sido suspendida la visita de los agentes de la Pastoral Social y Penitenciaria.

En otro comunicado difundido hoy, la delegación nacional de Pastoral Penitenciaria de la CEV expresó que “es imprescindible una investigación de lo acontecido en Uribana”.

Al dirigirse a las autoridades penitenciarias señaló que “el supremo compromiso del Estado venezolano no puede ser otro más que el de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la defensa y desarrollo de la persona y de su dignidad”.

Sugirieron, además, por el bien de los privados de libertad “esforzarse en erradicar las mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos que conducen a situaciones tan lamentables como la descontrolada violencia recientemente acaecida”.

El viernes el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental, conocido como Uribana, fue escenario de un motín que la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, atribuyó a una “resistencia” de “líderes negativos” del penal a los que acusó de disparar “a mansalva” mientras los reos esperaban en el patio por el inicio de una requisa.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera a Uribana como una de las “tres cárceles más violentas” de Venezuela con alrededor de 2.400 presos teniendo solo una capacidad para 850. Ese penal fue desalojado después del motín y para su reparación, según anunció Varela. EFE