La respuesta cívica y contundente del pueblo del municipio Sifontes ante un nuevo atropello militar logró la liberación de 14 de los 23 detenidos acusados por el Plan Caura de ejercer la minería tradicional.
“Debemos reconocer que el pueblo de Tumeremo le dijo no al atropello militar, con una protesta pacífica pero enérgica, porque rechazamos la criminalización de la actividad minera que ha hecho el gobierno, por la que ha detenido arbitrariamente a padres de familia que trabajan la pequeña minería como forma de vida para llevar el sustento a sus hogares ante el desempleo y la parálisis económica que reina en el municipio”, expresó Luis Espinoza, dirigente de Voluntad Popular de la localidad del estado Bolívar, y quien participó como abogado en la defensa del grupo de apresados por los funcionarios militares el miércoles.
Espinoza se opuso enérgicamente a la actuación del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y efectivos castrenses “por capturar a las personas bajo la presunción de que iban a cometer un delito, lo cual es insólito. Así ha cambiado la justicia en Venezuela que con la presunción de algún funcionario basta para ser detenido como cualquier delincuente”.
Acotó que “se pidió a los funcionarios militares revisar caso por caso para aclarar bajo qué argumentos estaban siendo imputados cada uno de ellos, petición que en principio nos fue negada y no nos dejaban ver los expedientes”.
El dirigente de la tolda naranja agradeció la solidaridad de los comerciantes de Tumeremo, quienes en respaldo a la manifestación escenificada frente a la sede del CICPC, realizaron un paro cívico que aumentó la presión de los ciudadanos para que se impidiera el traslado de los trabajadores a Puerto Ordaz.
“Aquí nos mantuvimos en pie de lucha para lograr la libertad plena, porque la mayoría de ellos no cometieron ningún delito, el único delito que hubo aquí fue el de criminalizar la minería tradicional mediante un decreto de supuesta nacionalización que no es más que la expropiación del pan de los ciudadanos que se dedican a la pequeña minería”, insistió.
“En Voluntad Popular nuestro compromiso es y seguirá siendo que todos los derechos sean para todas las personas, y por ello acompañaremos en cualquier momento y lugar el justo reclamo de quienes que vean que sus derechos son vulnerados por el Estado. Esta lucha es una lucha de todos”, finalizó Espinoza.