El Congreso de Honduras aprobó una nueva Ley de Indulto que permitirá liberar un número indeterminado de reos y reducir el hacinamiento que alcanza casi 50% en las cárceles del país, consideradas verdaderas “bombas de tiempo” y escenario de frecuentes incidentes, según un documento difundido este viernes.
Según organismos de derechos humanos y entidades estatales, el hacinamiento es un grave problema presente en las 24 prisiones hondureñas, construidas para albergar unos 8.000 presos, pero que mantienen unos 13.000, 60% de ellos sin condena.
La nueva iniciativa derogó una ley vigente desde el 9 de abril de 1927 y concede “el indulto por razones humanitarias, el cual podrá concederse a toda persona condenada, aún no cumpliendo la mitad de la pena, salvo casos de delitos graves como genocidio y crímenes de lesa humanidad”, así como violaciones a derechos humanos, dice el texto.
Quedan también excluidos del beneficio los privados por “crimen organizado cuando se trate de asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsión”.
La ministra de Justicia, Ana Pineda, agregó que también “pueden optar todas las personas condenadas que hayan cumplido más de la mitad de la pena que observen buena conducta y patenticen un propósito de enmendarse pero que no hayan cometido esos delitos (excluidos)”.
La ley se aprobó la noche del jueves justo cuando el presidente Porfirio Lobo escogió a tres juristas para preparar el traspaso administrativo de las cárceles, a cargo de la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario (INP), creado en 2012, que buscará una pronta solución a los problemas en las prisiones.
El INP, que dependerá del Ministerio del Interior y será un órgano descentralizado, tendrá a cargo “la organización, administración y el funcionamiento” del sistema carcelario hondureño.
Según el decreto de creación del INP, desde 1998 los centros penales del país pasan por una situación crítica caracterizada por “incendios, motines y fugas masivas”.
El 14 de febrero de 2012 un total de 362 prisioneros murieron calcinados en la cárcel de Comayagua, 90 km al norte de Tegucigalpa, una de las peores tragedias carcelarias del mundo.
Mes y medio después otros 13 reclusos fallecieron en un enfrentamiento entre bandas rivales en San Pedro Sula, 240 km al norte de la capital, donde en 2004 ocurrió un incendio que dejó 107 muertos. AFP