A Jeni Suárez, una humilde ama de casa de 51 años, la escasez de dólares en el país no ha afectado las finanzas de su hogar. Pero su salud se ha deteriorado porque desde octubre padece de fuertes dolores de espalda y problemas digestivos.
Ha esperado durante tres meses para que le den una cita para hacerle una colonoscopía, pero el día del examen, en el hospital público José María Vargas, le dijeron que debería esperar por “tiempo indefinido” porque los equipos médicos no funcionan por la falta de repuestos importados debido a una merma, gota a gota, propiciada por el gobierno, único oferente de la divisa.
“Yo ahorita tengo un dolor, y yo no sé qué pueda hacer”, dijo desconsolada Suárez, sentada sobre un pequeño muro de uno de los jardines del hospital al norte de la capital.
Otros importantes hospitales públicos de la capital suspendieron desde hace meses la toma de radiografías y tomografías, y las clínicas privadas tampoco entregas mamografías pues ahora utilizan imágenes grabadas en un disco compacto, según constató The Associated Press en un recorrido realizado por varios centros de atención.
Al igual que los hospitales, decenas de empresas de sectores clave como las industrias manufacturera, alimenticia o farmacéutica padecen los controles monetarios que les impiden obtener los dólares necesarios para importar materias primas, insumos o repuestos importados. Las firmas venezolanas deben vender su mercadería a precios que no toman en cuenta la inflación del 22%, la más alta de América Latina. El propio gobierno reconoce que los controles no funcionan, pero toda su atención está concentrada en los comicios del 14 de abril para elegir al sucesor del difunto presidente Hugo Chávez.
Pese a que las restricciones cambiarias existen desde 2003, el gobierno entró en un letargo tras la victoria electoral de octubre y el deterioro de la salud de Hugo Chávez. El letargo se ahondó con la muerte del mandatario y ha comenzado a cobrar la factura a un país que recibió en 93.569 millones de dólares en exportaciones petroleras que se han diluido, como un espejismo, en pago de importaciones de alimentos y una rampante corrupción privada y pública.
Según el último informe de la organización Transparencia Internacional, que mide la percepción de los gobiernos en la materia, Venezuela está entre los países cuyos ciudadanos están convencidos de que tanto el sector público como el privado están involucrados en actos de corrupción. El país petrolero ocupó el puesto 165 de 174, y comparte la vecindad de países como Chad, Etiopía, Irak o Afganistán.
En los últimos ocho años, las importaciones crecieron el 71%, lo que ha deteriorado a la industria nacional, pues en 2004 la oposición hizo un paro que amenazó el desabastecimiento local de alimentos e insumos. Chávez respondió impulsando las importaciones masivas para reducir su dependencia del sector privado, adversario del caudillo.
Con los productos importados, el gobierno suplió los mercados populares a precios subsidiados en un esfuerzo por combatir la inflación.
Pero los precios subsidiados aumentaron el gasto público porque la demanda de alimentos aumentó y los agricultores, ganaderos y lecheros locales, sujetos a un estricto control de precios, se quebraron con los precios subsidiados de la competencia oficial. El gobierno también empezó a importar maquinarias, repuestos y equipos de cocina y refrigeradores.
Las posibilidades de que el país salga en el corto plazo de este atolladero, agravado por un estricto control de precios de los alimentos, son remotas, dijeron varios analistas consultados por la AP. Incluso, algunas compañías financieras internacional cambiaron sus estimados del país hace poco y dicen que Venezuela padecerá una fuerte contracción económica en 2013 tras registrar un crecimiento de 5,6% en 2012.
El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, descartó esta semana que el gobierno vaya a afrontar dificultad alguna para atender los requerimientos de divisas y dijo a la AP que a pesar de los recientes ajustes cambiarios el gobierno mantiene una meta de crecimiento de 6% para 2013.
Algunas salas, pequeñas y viejas, no tienen suficiente capacidad para recibir el caudal de pobres que acuden a consultas y es común ver áreas repletas de pacientes, personas en camillas en corredores, con muletas sentadas en el piso pues los hospitales no lograron crecer a la misma velocidad que creció la población que los visita.
La devaluación de la moneda, propiciada por la ausencia de dólares en el mercado; un fuerte déficit fiscal, debido al creciente gasto público que saltó en más de 20% en 2012, sumado a un repunte de la inflación, que se estima de 30% para este año, desatará fuertes presiones sobre las clases populares.
Pero el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, dice que la política económica de los últimos 14 años de gobierno chavista se ha orientado a beneficiar a los más pobres echando mano de los altos ingresos petroleros y dijo que en esos años se invirtieron unos 500.000 millones de dólares en políticas sociales.
Giordani dice que la política de control de cambios ha servido para evitar la especulación con la moneda y la fuga de capitales. De no haber control de cambios, dijo, “imagínate tú lo que hubiera pasado con nuestras reservas, que se las hubieran llevado”.
Pero los cálculos del banco de inversión Barclays Capital para América Latina durante la década que ha estado en vigencia del control de cambios la salida de capital alcanzó 150.000 millones de dólares por efecto de las emisiones de bonos en dólares que ha hecho el gobierno y la sobrefacturación de importaciones de los empresarios que obliga al gobierno a darles más dólares que lo que importó.
La directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorio y Afines, Anerlin Guerra, dice que la situación del sector es crítica porque la escasez de dólares los estranguló al punto que tuvieron que endeudarse en unos 300 millones de dólares.
Como aún no tienen forma de comprar dólares, los empresarios se retrasaron en los pagos de las deudas, que ahora generan intereses de mora, y los proveedores internacionales les suspendieron, desde noviembre, los suministros de bienes e insumos para entidades que manejan equipos de rayos X, tomografías, resonancias magnéticas y ultrasonido.
“En cuanto a insumos y material consumible en todo lo que es catéteres, material de traumatología, hay una merma importante”, dijo Guerra. “Los tubos de ensayo para recolección de sangre al vacío no hay. Bolsas de colostomía (usadas tras cirugías de extracción de parte del intestino grueso) no hay. Papel para electrocardiograma no hay. Placas radiográficas no hay”.
En un intento por poner dólares en circulación, el gobierno de Maduro creó un mecanismo de subasta de dólares a empresas privadas que antes eran entregados por una comisión estatal tras eliminarse la venta de divisas con la adquisición de títulos de deuda externa. La suspensión de la compra de títulos devaluó el bolívar. Antes, un dólar se compraba en 4,30 bolívares; ahora hay que pagar 6,30 bolívares.
Alejandro Grisanti, de Barclays Capital, no cree que la subasta vaya a solucionar el problema. “La política de control de cambio es una política muy negativa para el país y que no ha cumplido ninguno de los objetivos que se ha planteado. No ha logrado frenar la salida de capitales, no ha logrado reducir la inflación, (y) ha sido muy costosa para el fisco”.
Empresarios consultados por la AP dijeron que, ante lo engorroso y complicado que resulta participar en las subastas, el mecanismo no los ayudará a contar con los dólares disponibles para comprar bienes e insumos que necesitan.
La semana pasada el gobierno dijo que contaba con suficientes divisas para atender esas necesidades. Pero analistas económicos dicen que ante las crecientes importaciones, que en 2012 alcanzaron los 59.339 millones de dólares, y el pago de la deuda externa, el gobierno seguirá enfrentando dificultades para suministrar el dinero circulante requerido.
Aunque se cancelen las deudas en los próximos días y se activen las líneas de crédito, las compras externas y el reabastecimiento de insumos médicos y repuestos para equipos podrían tardarse unos tres meses.
Al problema cambiario se suma el retraso gubernamental en ajustar los precios de algunos alimentos y bienes, que tiene a numerosas empresas a las puertas de una quiebra por el aumento de sus costos.
Simón Nobile, presidente de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias, dice que 11 empresas del sector, que generan unos 5.000 empleos, enfrentan un riesgo de “colapso” por la devaluación, la carencia de dólares, y la congelación por dos años del precio de la pasta regulada, que actualmente se vende a 68 centavos de dólares el kilo, cuando su costo de producción “está por el doble”, dijo. AP
Desde 2003, el gobierno había recurrido a la congelación de los precios de los alimentos para tratar de contener la inflación.
“Nosotros hemos adelantado inversiones para mantener la producción. El problema que encontramos es que esas nuevas inversiones hay que pagarlas a la nueva tasa de cambio y no tenemos la rentabilidad para poder hacerle frente a ese costo”, dijo Nobile al asegurar que la única salida que les queda es que el gobierno autorice un incremento en el precio de la pasta, que representa el 70% de la producción de ese sector.
“Si el gobierno no toma una decisión ese es el final… tiene que tomar (la decisión de ajustar el precio) porque no puede botar a la calle unas 5.000 personas”.
¿Cuánto tiempo podrán aguantar la crisis? Nobile dice que “el promedio de existencia de trigo es para mayo… no podemos llegar al mes de mayo para tomar una decisión”.
Como las pastas, empresas de sectores clave como lácteos, jugos, quesos, aceites y pastas han exigido al gobierno, en avisos de prensa y declaraciones de sus directivos, que se les permita ajustar los precios de sus productos para evitar una paralización.
Para febrero el índice de escasez de productos básicos alcanzó el 19,7%, muy similar a la tasa de enero que fue 20,4%, el nivel más alto desde que comenzó a medirse el indicador en el 2009, según cifras del Banco Central de Venezuela.
Este inusual indicador monitorea, al mes, la disponibilidad de más de 100 bienes y servicio esenciales. Pese a que el gobierno no da explicaciones sobre el porqué del índice, fuera de decir que lo usa para medir la inflación, lo cierto es que nació después de los desabastecimientos que padeció el país entre 2007 y 2008.
Ese desabastecimiento es el predicamento diario de los venezolanos. “De cinco medicinas uno consigue dos medicinas”, dijo Antonia Piña Navarro, una trabajadora estética de 51 años, al reconocer que cada mes debe enfrentar un vía crucis para conseguir los medicamentos de sus familiares que sufren de diabetes, reumatismo y una enfermedad renal. “Uno tiene que caminar por cuatro o cinco farmacias para poder comprar prácticamente en cada farmacia una (medicina). No es fácil conseguirlas y cada vez que uno va a comprarlas es más caro”.