La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), hace un llamado al pueblo venezolano, a votar el 14 de Abril de 2013 a favor de los candidatos que defiendan y promuevan la propiedad privada.
Después de 14 años queda en evidencia y probado que el proyecto político impulsado por el oficialismo, busca debilitar y eliminar la propiedad privada, derecho constitucional vigente en el Artículo 115 de la Constitución, impulsando leyes y políticas, que limiten al máximo el uso, goce y disposición de los bienes de los venezolanos, buscando la implementación de un modelo económico que no permite el ejercicio de las plenas libertades económicas establecidas en la Constitución Nacional.
Desconociéndose los resultados del Referéndum Constitucional del 2007, donde uno de los factores del rechazo a la reforma constitucional fue la defensa de la propiedad privada, el oficialismo ha promulgado leyes intervencionistas que desconocen la propiedad, siendo indiferente ante las invasiones y ejecutando confiscaciones masivas de propiedades agrícolas, industriales e inmobiliarias, violando además las garantías económicas y procedimientos expropiatorios, lo que ha llevado a que miles de venezolanos hayan sido despojados de sus propiedades.
El mencionado proyecto busca eliminar la propiedad privada, para implementar la propiedad comunal, social o familiar, figuras donde el ciudadano solo es un poseedor, sin la capacidad disponer, hipotecar o vender lo que ha trabajado, sobre la cual el gobierno tiene un control total. Ejemplo de ello son las viviendas entregadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde muchos edificios han sido construidos sobre terrenos de propiedad privada, a cuyos propietarios no se les indemnizó, por lo que no podrán los ocupantes tener un titulo de propiedad sobre el inmueble.
La propiedad privada permite el desarrollo de cada venezolano a nivel personal y familiar, teniendo libre disposición de sus bienes y acceso a créditos bancarios que permiten su crecimiento financiero.
Venezuela ha pasado al lugar 128 de 130, con una evaluación de 3,8 sobre 10, en el Índice Internacional de Derechos Propiedad de la Alianza de los Derechos de Propiedad 2012 (Ranking Mundial de Derechos de Propiedad) países en cuanto al respeto al derecho de propiedad. Vea el Perfil de Venezuela. También Venezuela ha pasado al lugar 174 de 179 países en libertades económicas en el Informe sobre Libertad Económica en el Mundo 2012 emitido por el Fraser Institute de Canadá (Informe sobre Libertades Económicas 2012). Miles de inversionistas y constructores venezolanos y extranjeros descartaron a Venezuela como destino de inversión llevando al país a la pérdida de miles de empleos y desarrollo ecónomico.
El 14-A Venezuela decidirá entre un modelo económicamente intervencionista y la democracia; y la propiedad privada es uno de los factores que separa a un modelo del otro, “por eso llamamos a votar en defensa de la propiedad privada”.
Recuento cronológico de los hechos, normativas y políticas que disminuyeron el ejercicio de la propiedad privada
157 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha
800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas
22.500 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a lo que va de 2013
188 edificios alquilados (3760 apartamentos) fueron expropiados en Caracas en 2.006 por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado, ni adjudicado a sus inquilinos.
53 edificios (1060 apartamentos) vacíos fueron ocupados y expropiados en Caracas en 2.006, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario
El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria. Actualmente destinado a refugio de damnificados.
Desde 2009, en el Municipio Libertador se han expropiado 180 estacionamientos y e inmuebles donde se ejecutan obras de la Misión Vivienda y el Plan Catia, de los cuales solo han indemnizado 5.
En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 comerciantes, sin indemnización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios.
En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construidas las viviendas prometidas en los terrenos.
En 2010 fueron ocupados total o parcialmente por el gobierno para la ubicación de damnificados 102 hoteles en Caracas y otras decenas en Higuerote y Vargas, los cuales se encuentran aún ocupados sin indemnización a sus propietarios, llevando a la quiebra a muchos de ellos.
En 2011, 250 pensiones y hospedajes turísticos en Caracas han sido tomadas por grupos con apoyo político, fomentando no pago en sus huéspedes. Sobre muchas de estas tomas fue denunciado por varios propietarios el Frente contra Desalojos Arbitrarios afecto al oficialismo.
En 2011 poderes públicos impulsaron normativas dirigidas a minimizar la propiedad privada: Oficio del TSJ que prohíbe desalojos de vivienda, Ley contra Desalojos, Ley de Arrendamientos de Vivienda, Ley de Propiedad de Viviendas y Ley de Emergencia de Viviendas y Terrenos.
La Ley de Arrendamientos de Vivienda y la Ley de contra Desalojos Arbitrarios, han implicado la más masiva y generalizada violación al derecho de propiedad, despojando a cientos de miles de propietarios de viviendas arrendadas de la clase media y de los sectores populares de la posibilidad de recuperar sus propiedades y obtener un ingreso justo por su inversión.
En 2012 la Gobernación del Estado Vargas expropió 39 terrenos que aún no han sido indemnizados.
Durante los últimos años el Instituto Agrario Nacional afectado para supuesto uso agrario cientos de hectáreas urbanas, prohibiendo a sus propietarios la venta y disposición de sus inmuebles. Entre ellos casos emblemáticos como la afectación de 500 hectáreas del valle de Atamo en Porlamar, donde el INTI afectó a 5000 propietarios quienes actualmente no pueden vender sus propiedades.
Por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur)