La crisis de gobernabilidad no amaina en Venezuela. La toma de posesión de Nicolás Maduro el viernes como presidente y, sobre todo, el anuncio el jueves por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que permitiría completar la auditoría en el total de las urnas de las disputadas elecciones del 14 de abril buscaron, con cierto éxito, desactivar la violencia que quería instalarse en las calles de las principales ciudades del país. Pero en las últimas 24 horas han sido las mismas autoridades electorales quienes se han empeñado en matizar sus propias decisiones y, con ello, ensombrecer el camino de salida de la crisis. Así lo reseñó El País de España.
La primera señal en ese sentido llegó este viernes, minutos antes de la investidura de Maduro, de parte de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien declaró a los medios que el país no debía hacerse falsas expectativas acerca de los resultados de la auditoría.
La vicepresidenta del organismo, Sandra Oblitas –una de las cuatro rectoras electorales cercanas al chavismo, del total de cinco que dirigen el CNE- se explayó este sábado al respecto en la cadena nacional de radio y TV. Calificó de “irresponsables” a quienes siembran “falsas expectativas” y fue tajante al afirmar que para el Consejo “el acto electoral ya concluyó”, que sus resultados serían “irreversibles” y que no existiría tal cosa como un recuento manual de votos. Precisó que lo que se hará será una “auditoría técnica” como muchas otras que ha realizado el CNE desde el 2004 y que, como ellas, mostrará un “error cero” sin incidencia alguna sobre el resultado oficial de la votación. Oblitas recordó además que las partes que puedan tener alguna inconformidad con el resultado deben acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSJ).
El martes, la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, ya había adelantado el criterio de que en Venezuela no existe el conteo manual desde 1999 y que, por lo tanto, la solicitud de la oposición por un recuento “voto a voto” constituía “un engaño al pueblo”.
Se prevé que el protocolo de la auditoría se defina entre el lunes y el martes de la semana próxima. El anuncio oficial del CNE este jueves dejó en el aire muchos detalles, pero dio a entender que la inspección no abarcará el total de las urnas no auditadas el día de las elecciones, un poco más de 18.000, sino que se limitará a procesar una muestra proveniente de 400 cajas diarias durante 30 días, lo que hace un total de 12.000.
Fuentes cercanas al líder opositor afirman que las expresiones de la rectora Sandra Oblitas se ajustan a una interpretación demasiado estricta de las competencias del CNE, ya que aunque la auditoría no rectificará el resultado de las elecciones, sí podría arrojar las evidencias necesarias para su impugnación ante el TSJ. Lo que preocupa a los representantes de la oposición es que Oblitas eluda hasta el momento definirse en torno al asunto de si la auditoría también incluirá el registro de huellas que forma parte del proceso de votación.
Mientras la polémica se hunde en un manto de tecnicismos, trascendió que la declaración en la que el CNE aceptaba la auditoría de las urnas no revisadas en las elecciones contribuyó a desbloquear la cumbre extraordinaria de presidentes de la Unión Sudamericana (Unasur), que a esa misma hora se celebraba en Lima, Perú. Según el diario El Tiempo, de Bogotá, durante la reunión convocada para abordar la crisis venezolana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el apoyo de sus homólogos de Chile y Perú, pidió el recuento de votos, al que se oponían los mandatarios de Argentina y Bolivia, Cristina Fernández y Evo Morales, aliados regionales del chavismo. Según el rotativo colombiano, el anuncio del CNE desde Caracas fue recibido con alivio por los presidentes de Unasur.