El reporte del Comando Simón Bolívar fue escrito con estas palabras: “Personas externas amenazan y los miembros de mesa oficialistas permitieron la salida de los miembros opositores con escoltas a cambio de que no verificaran el escrutinio”. El comentario tiene 169 caracteres –poco más que un tweet–, pero resume el ambiente de violencia que tuvieron las elecciones presidenciales del 14 de abril no sólo en el centro de votación de la Escuela Básica Bolivariana Villa Bahía del municipio Caroní de Bolívar, sino en muchos otros lugares del país.
En suma, ha señalado el líder opositor Henrique Capriles Randonski, en 737 centros los representantes y simpatizantes de su opción fueron obligados, en muchos casos con armas de fuego, a abandonar los colegios electorales en momentos clave del proceso, como el conteo, la auditoría y la verificación ciudadana. Esas situaciones habrían afectado a un universo de por lo menos 2 millones de votantes.
Vicente Bello, representante de la oposición ante el CNE y miembro del equipo coordinador de la nueva auditoría, destaca la importancia de contar con testigos en los centros durante todo el acto votación para constatar, por ejemplo, que no se den casos de usurpación de identidad, de electores sin cédula o de voto asistido injustificado. Al cierre de la jornada, en el escrutinio y la auditoría, se hacen imprescindibles porque se convierten en correas de transmisión de las actas para sus organizaciones. “Si los miembros de mesa son sólo de un partido o no son acuciosos puede que no se respeten esos procedimientos para el llenado de las actas, la transmisión de datos, la revisión de los cuadernos electorales. Eso no está garantizado si no están los testigos”, indica Bello.
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