Una vez más, la entrada de la temporada de lluvias en el país se constituye en el recurrente recordatorio de periodos anteriores, en donde la constante ha sido el registro de un importante número de situaciones de emergencias y desastres, con lamentables pérdidas de vidas y bienes, afectación de infraestructuras y servicios vitales para la vida de los ciudadanos, disminución de actividades socio productivas, pérdidas de ganado y de cosechas, de viviendas y de empleos, y en consecuencia el incremento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida en nuestro país.
La llegada de las lluvias, en lugar de traer consigo la alegría y el beneplácito de contar con ellas después de pasar por un importante periodo de sequía, con incidencia directa en los bajos niveles de agua en los embalses, represas y ríos, así como en el incremento de los incendios forestales (entre otras consecuencias), las mismas sólo se convierten en un elemento más de preocupación y de angustia para los venezolanos, como si no fuese suficiente llevar una vida marcada por el azote diario que impone la delincuencia, los altos niveles de criminalidad, el alto costo de la vida, las deficiencias en los servicios públicos y la conflictividad política.
Siempre hemos mantenido la tesis, de que en nuestro país, particularmente los más pobres, se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad o indefensión para afrontar con éxito los efectos de la materialización de amenazas o peligros vinculados a fenómenos naturales como las lluvias, los sismos, las tormentas, los huracanes, etc., y que la construcción social del riesgo y la falta de planificación y de implementación de acciones de prevención, son algunos de los elementos vinculados a tanta afectación , dolor y pérdida que año tras año tenemos que ser testigos o víctimas.
En el país se dispone, desde el año 2009, de la “Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos” y el actor fundamental, el estado, incumple con aproximadamente el 90% de las acciones y medidas impuestas por la Ley para la prevención y la mitigación; en el año 2011, (como consecuencia de las inundaciones del año 2010), la Asamblea Nacional le otorgó poderes especiales al ciudadano Presidente de la Republica para legislar y atender la emergencia, y de ello resultó la promulgación de la “Ley Especial de Refugios Dignos Para Proteger a la Población en Casos de Emergencias y Desastres”, y sin embargo ya veremos cómo, muy lamentablemente, la improvisación y el tratamiento indigno de los venezolanos afectados por las lluvias se convierte en un nuevo episodio de la atención de emergencias y desastres.
@Angelrangels