Como de costumbre, en la fase precomicios cundió el ventajismo electoral. Se lo observó en el abuso de los recursos del Estado para los gastos de campaña y la propaganda oficial y en el aumento de las prebendas, las donaciones y la inauguración de obras y servicios sociales. Igualmente se lo vio en la manipulación de los medios de comunicación del Estado, donde se usaron sus espacios y cadenas oficiales para transmitir propaganda chavista, mientras se ignoraba, se denigraba y descalificaba la candidatura de Capriles, así como se intimidaba a los candidatos y medios independientes. Ni el CNE ni la Contraloría General sancionaron tal violación a la Constitución y leyes electorales.
El día de la votación, el comando de Capriles y varias organizaciones independientes identificaron numerosas y cruciales irregularidades. Entre las más significativas, se encuentran la presencia de chavistas en más de 1.000 centros de votación intimidando a votantes o asistiéndolos en el acto de votación. En más de 700 centros de votación, se reportó la expulsión de testigos –facilitando el voto asistido e impidiendo a la oposición vigilar la votación, la transmisión de datos y la auditoría poselectoral. Se reportaron numerosos casos en que el acta de votación mostraba más votantes que los registrados en el cuaderno de votación (padrón de mesa), al igual que numerosos incidentes de incumplimiento de procedimientos, violencia y obstrucción de la auditoría. Inclusive el registro electoral no estaba auditado desde 2008 y contenía unos 50.000 votantes extra.
Otra irregularidad correspondió a la inusitada rapidez con que se proclamó y se juramentó a Maduro, acompañado por un reconocimiento prematuro de los países de Unasur y del Alba. La ausencia de auténticas misiones de observación electoral como las de OEA o la Unión Europea fue otra importante irregularidad. Las misiones de “acompañamiento” de la Unasur no tienen la independencia, el alcance, ni la experiencia de esos organismos.
Por otro lado, también hay reportes de que el sistema tiene bidireccionalidad; o sea, que la transmisión de datos no es solo de las máquinas de votación al centro de totalización, sino que también se pueden enviar datos con origen desconocido a las máquinas de votación. Un estudio de las elecciones del 2004 y 2012 mostró esta posibilidad con la identificación de irregularidades estadísticas en los resultados. La prensa también ha informado que, según expertos con íntimos conocimientos del sistema, existen en él redes internas secretas que permiten saber al comando chavista qué está pasado en tiempo real en el proceso, incluyendo quiénes y cuántos han o no votado, cuántos votos tienen los candidatos, etc., información que permite movilizar recursos y votantes oportunamente.
Parece que el “mejor sistema del mundo”, como lo llamó imprudentemente Jimmy Carter, tiene después de todo serias vulnerabilidades. El problema no es el sistema, que sí es moderno y sofisticado, sino las autoridades electorales, cuyo comportamiento no genera confianza en la mitad del electorado y la oposición. Un sistema menos sofisticado como el paraguayo no tiene cuestionamientos porque hay confianza en las autoridades electorales.
La variedad, seriedad y posible alcance de tales irregularidades producen sospechas sobre la validez del proceso electoral y convalidan las exigencias de la oposición por una auditoría rigurosa de las mesas que faltan auditar (46%). Además, el estrecho margen de la supuesta victoria de Maduro (225.000 votos) justifica la demanda y la suspensión del reconocimiento por parte de Capriles. También justificarían la impugnación de las elecciones.
Sin embargo, las autoridades electorales han expresado que el “resultado es irreversible” y que es imposible hacer una auditoría con los cuadernos de votación, cuando los mismos dirigentes chavistas saben que sí es posible y necesario para una auditoría adecuada. Tal actitud prepotente solo genera mayor desconfianza y confirma que el problema no es el sistema automatizado, sino las autoridades que lo manejan. La oposición ha decidido no participar en la auditoría sin los cuadernos de mesa.
El autogolpe, el ventajismo y las irregularidades electorales, la negativa de una auditoría apropiada, así como las amenazas y persecución política contra líderes de la oposición y funcionarios que votaron por ella violan flagrantemente la constitución bolivariana y las leyes electorales. También erosionan el orden democrático venezolano y contravienen las cláusulas democráticas de la Celac, el Mercosur y la Unasur, así como la Carta Democrática de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de ejercer, promover y defender colectivamente la democracia representativa. A pesar de ello, sin embargo, la comunidad interamericana de democracias no ha cuestionado o condenado públicamente este agravio a la democracia. Aunque Canadá, Estados Unidos, Paraguay y la Unión Europea no han reconocido a Maduro y han solicitado la realización de la auditoría. El secretario general de la OEA también debería hacer un llamado en ese sentido.
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Rubén M. Perina es Catedrático en las universidades de Georgetown y George Washington.