La luna de miel entre el gobierno de Ollanta Humala y los empresarios podría estar llegando a su fin en Perú, ya que el viernes la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) pidió la anulación de una ley que promueve la alimentación saludable de niños en edad escolar.
“Estamos pidiendo la derogación. Es una norma que no debe ir porque no creemos que pueda funcionar bien”, dijo el presidente de la SNI, Luis Salazar, en rueda de prensa celebrada en la sede de la asociación.
El dirigente y empresario señaló que su institución “evalúa qué medidas legales presentar” para lograr abolir la ley, también llamada “ley sobre comida chatarra”, en caso que Humala haga caso omiso a su reclamo.
La ley entró en vigencia este viernes luego que el presidente peruano la promulgara en un acto público el jueves en medio de una controversia, pero con el apoyo de grupos de consumidores y de la Organización Panamericana de Salud (OPS), entre otros.
Esta normativa regula la publicidad de alimentos con grasas saturadas y de gaseosas en los colegios para reducir la obesidad infantil, según el gobierno. Esto constituye el primer paso de un plan que restringirá en un futuro cercano la venta de determinados productos considerados dañinos para los niños, como las gaseosas.
“La anemia y la desnutrición crónica, y no la obesidad, son el principal problema de salud de los niños peruanos”, señaló Salazar en tono acusador, citando fuentes oficiales al desestimar las razones que expuso Humala para promulgar la ley.
“Prohibir la venta de alimentos envasados en los colegios expone a los escolares a enfermedades infecciosas, al tener como alternativa el consumo de productos informales sin ninguna garantía de salubridad”, acotó.
La ley parece haber acelerado el fin de la larga luna de miel entre Humala y los empresarios, que lleva ya casi dos años desde el inicio de su gestión el 28 de julio de 2011 cuando moderó su programa de gobierno para obtener apoyo de grupos conservadores.
“Es una norma política, no es técnica”, calificó la SNI.
“Ley de comida chatarra: cuando negocio privado y salud pública chocan, escojamos salud publica. ¿Como los comunistas? No. ¡Como en Nueva York!”, dijo el activista en derechos humanos Carlos Monge, en la red social Twitter, en respuesta a los cuestionamientos. AFP
Las críticas empresariales al gobierno ya se habían iniciado en el segundo semestre del año pasado cuando el gobierno pidió paralizar el proyecto minero Conga, uno de los mayores emprendimientos auríferos del país, debido a protestas de ambientalistas.