Incautaron cerca de 3 mil kilos de leche en polvo en el 23 de Enero

Foto Referencial/Archivo

En un depósito clandestino, ubicado en el sector La Cañada, de la parroquia 23 de Enero, en Caracas, fueron incautados 2.800 kilos de leche en polvo que se encontraban en condiciones de insalubridad y en proceso de descomposición, informó este viernes el superintendente de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), Luis Moreno. AVN

El decomiso se realizó la tarde del jueves, durante un dispositivo del Plan Nacional de Fiscalización Conjunta, que desarrolla el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y en el que participan otras 10 instituciones del Estado.

Moreno informó que por este delito, de acaparamiento y atentado contra el derecho de los venezolanos al acceso a los bienes y servicios, fueron puestos a la orden del Ministerio Público dos ciudadanos, de nacionalidad colombiana.

Este tipo de irregularidades son detectadas a través de los dispositivos de fiscalización conjunta que realizan 11 instituciones del Estado, en defensa de los derechos de los ciudadanos y con el propósito de incrementar la lucha contra la especulación y el acaparamiento.

La presidenta del Indepabis, Consuelo Cerrada, informó que este viernes estarán nuevamente 200 funcionarios inspeccionando locales en Catia, parroquia Sucre, y se aplicarán las sanciones a que hubiere lugar por irregularidades que sean detectadas.

Indicó que la intervención que se realiza nuevamente en Catia responde a la cantidad de denuncias que ha recibido el Indepabis a través de sus oficinas móviles.

Explicó que los funcionarios del Indepabis recavan la información del sector y, una vez procesada, verificada la irregularidad, se ejecuta una dinámica de abordaje en el sector, en el que se activa la institución correspondiente al área de la irregularidad.

Es decir, “si se detecta una falla con la máquina fiscal, se activa el Seniat; si se detecta un problema de precios, se activa el Indepabis”.

Recordó que es un plan nacional en el que participan 250.000 funcionarios de todas las instituciones del Estado, quienes actúan como fiscales e inspectores del debido cumplimiento de las normativas vigentes, en protección y defensa de los ciudadanos, en garantía de la adecuada venta y distribución de insumos y en contra de la especulación y el acaparamiento.