La Contraloría General de la República (CGR) constató las graves irregularidades que desde hace más de cuatro años se vienen efectuando en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el estado Carabobo, las cuales han sido plasmadas en un informe especial corressondiente al año 2012.
Janet Yucra M.
El organismo contralor practicó durante el año 2012 auditoría de asuntos financieros y de Gestión, parciales y selectivas, en operaciones presupuestarias y financieras así como en resultados de la gestión, del PAE, a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), en los estados Carabobo, Falcón, Apure, Guárico y Lara.
En el caso específico de la Zona Educativa del Estado Carabobo, la Contraloría señala: “Se evidenciaron discrepancias entre el monto reflejado en la contabilidad presupuestaria (Ejecución Presupuestaria y Financiera) correspondiente al año 2009 del PAE, de la Partida Presupuestaria 4.02.00.00.00 “Materiales, suministros y mercancías”, respecto a montos reflejados en los documentos “Rendición Física y Financiera, Proyectos de Gestión del año 2009” y “Avance de la Ejecución Física y Financiera de los Proyectos y Acciones Centralizadas de la Zona Educativa Carabobo del año 2009”.
La Contraloría informa que “para la Zona Educativa de Carabobo, no se pudo determinar el monto de pagos efectuados a proveedores, correspondientes al 2do semestre de 2010, en razón de que no fueron suministrados documentos demostrativos, entre otros: relaciones de pagos, facturas, notas de entregas, estados de cuentas; igualmente, para el ejercicio económico financiero 2011, no fueron presentados los soportes justificativos de pagos por Bs. 5.865.502,35, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo”.
Cabe destacar que “para atender los pagos de la Zona Educativa de Carabobo, correspondientes al año 2011, se aperturó la cuenta corriente N° 0102-0552-250000044341, en el Banco de Venezuela. Del manejo de la misma, se constató que recibió recursos por Bs. 21.235.928,33. De la muestra seleccionada correspondiente a Bs. 1.988.160,00; Bs. 192.360,00, por concepto de bono único, pagado a madres procesadoras, no están soportados con los documentos justificativos”.
Destaca el informe que “no existen soportes documentales que respalden los gastos realizados durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2009 y primer semestre del año 2010, efectuados a través de la partida presupuestaria 4.02.01.01.00 “Alimentos y bebidas para personas”. En esta circunstancia, los gastos sin soportes, no están comprobados”.
Agrega que “en los expedientes de las compras faltan trescientas cuarenta y cinco (345) Órdenes de Compras y sus soportes documentales, por Bs. 10.216.689,71, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas”.
Además, alerta que “fueron otorgados contratos a cooperativas para proveer insumos al PAE sin los procesos de selección de proveedores establecidos en las disposiciones normativas, pese a que los montos contratados superaban las unidades tributarias mínimas prescritas en dichas disposiciones”.
Durante el año 2009, la Contraloría “constató la contratación de veintisiete (27) Cooperativas, por Bs. 49.369.119,50, con capacidades financieras inferiores a los montos contratados”. Y denuncia que en el estado Carabobo, en “general, las cooperativas proveedoras, no cumplieron con el Compromiso de Responsabilidad Social previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
En 494 órdenes de compra pertenecientes a 27 Cooperativas proveedoras del Programa, se constató la ausencia de la correspondiente Fianza de Fiel Cumplimiento, exigida en el citado artículo 100 de la Ley de Contrataciones Públicas, según el cual el contratante debe constituir una fianza de fiel cumplimiento, otorgada por una entidad bancaria o empresa de seguro que no podrá ser menor del quince por ciento (15%) del monto contratado, a fin de garantizar que la contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones contraídas”.
Asimismo, “se evidenciaron entregas incompletas de insumos a veintiocho (28) planteles beneficiados con el Programa, por parte de trece (13) cooperativas proveedoras, y no obstante de manera reiterada se continuó adjudicando a éstas el suministro de alimentos”.
Detalla que “en 8 Cooperativas acreditadas como proveedoras de suministros de alimentos (Procesadora Itzamatul R.L.; Alimentos el Avio MMMXXI, R.L.; Servi-Stud R.L.; Alimentos Kabil R.L.; M y B 2007 R.L.; Transporte Trasalim R.L.; Alimentos Nahuata R.L. y Acraure 2007 R.L.), no suministraron insumos a nueve planteles beneficiados con el Programa, sin que conste no solamente la anulación de las órdenes de compras correspondientes, por Bs. 33.937.598,19 sino que en la práctica aproximadamente, seis mil quinientos cinco (6.505) niños dejaron de recibir el Programa durante el periodo evaluado, en perjuicio del mejoramiento de sus condiciones nutricionales, objetivo estratégico de la acción de Estado”.
Inspecciones en las unidades educativas
“De las unidades educativas inspeccionadas, 6 con la modalidad de plato servido suministrado por cooperativas, no cuentan con madres colaboradoras, para el servicio de los alimentos, lo cual es efectuado por los alumnos que cursan grados superiores; las 4 restantes reciben insumos a través de Mercal y Pdval y disponen de suficientes madres colaboradoras, para la preparación de las ingestas (desayuno, almuerzo y merienda).
Es importante destacar, que las UE evaluadas, no cumplen con el menú establecido por la Coordinación Nacional y elaborado por el Instituto Nacional de Nutrición, situación que se origina entre otras, por la ausencia de inspección y supervisión por parte de la Zona Educativa y de Coordinadores destacados en las UE”, dice el documento.
De la encuesta aplicada a 211 alumnos, de UE y Liceos Bolivarianos, “se obtuvo como resultado que 188, se sienten satisfechos con el menú servido; sin embargo, algunos indicaron que en oportunidades, han sentido molestias con su ingesta”.
En atención a la evaluación del Aporte Calórico de la Alimentación suministrada a la población estudiantil beneficiaria se observó lo siguiente: 1. El Plan de menú elaborado por el Instituto Nacional de Nutrición no establece cantidad, tamaño referencial o medidas prácticas de las porciones a servir, por lo cual no se puede determinar el aporte de energía y nutrientes, según la Fórmula Calórica establecida por el INN, para los diferentes grupos de edades, según el tipo de Unidad Educativa. 2.
En la mayoría de los planteles de las Zonas Educativas inspeccionadas, el menú diario no se corresponde con el establecido por el INN, por los aspectos siguientes: 1. Ausencia de la sopa o cremas en las comidas, poca presentación de vegetales y ensaladas. 2. Suministro de jugos obtenidos de concentrados pasteurizados, congelados y bebidas artificiales. 3. En cuanto a la variedad de las comidas, se observó que hay poca diversidad de los alimentos y de las preparaciones, por lo tanto es una alimentación monótona.
Conclusiones generales
La Contraloría General de la República concluyó que “los controles internos en los diferentes procesos atinentes al Programa son deficientes, lo que se expresa en fallas en la planificación, en los sistemas, en la administración, en el seguimiento, la evaluación y en general en la aplicación de los mecanismos prescritos en las Normas Generales de Control Interno, dictadas por esta Contraloría General.
El PAE no cuenta con mecanismos automatizados que permitan el registro de las operaciones presupuestarias, financieras, contables y administrativa, lo que entorpece su evaluación y seguimiento, principalmente, en aspectos tales como: compromisos asumidos y pagos efectuados; recursos presupuestarios y financieros comprometidos, pagados y disponibles; unidades educativas beneficiarias; matrícula escolar beneficiada; proveedores del Programa; número de madres colaboradoras; menús establecidos; elementos idóneos para el cotejo de la legalidad y sinceridad de las operaciones y de la consulta, por parte de las dependencias involucradas.
No existe un sistema de comunicación y articulación integral entre las distintas unidades vinculadas con el PAE, que facilite conocer el status de cada una de las etapas del Programa. Tampoco existe un sistema de archivo, que permita la ubicación oportuna de los documentos resguardados, toda vez que la información no está debidamente identificada ni ordenada cronológicamente, lo que ha generado desorganización, extravío y descuido en el manejo de los documentos comprobatorios, que se remiten entre las unidades involucradas, tales como: relaciones de pago, oficios, estados de cuenta, comprobantes de pago, facturas, notas de entrega, órdenes de compra u orden de pedido, actas de certificación, resúmenes de gastos mensuales, entre otros.
Se observaron operaciones y transacciones financieras y administrativas, tales como débitos en cuenta, sin los respectivos documentos justificativos u oficios de solicitud de transferencia.
No existen registros contables auxiliares o administrativos que permitan conocer la situación financiera del PAE, tales como: compromisos pendientes, pagos realizados, pagos rechazados, saldos financieros, pagos por cooperativas, reintegros, situación que hace imposible la determinación de conceptos en montos debitados y acreditados en la cuenta del Fideicomiso, desconocimiento de deudas, pagos con montos distintos a las deudas o compromisos asumidos, entre otros.
La Coordinación Nacional del PAE no realiza inspecciones físicas a las Unidades Educativas, a los fines de determinar la operatividad del Programa, la eficiencia, calidad y alcance del servicio prestado, el trabajo realizado por las madres colaboradoras, el correcto funcionamiento de las áreas dispuestas como comedor, cocina, y almacenamiento de alimentos, así como, la dotación de equipos y mobiliarios, entre otros.