En pura promesa quedó el anuncio realizado en el año 2010 por la actual ministra del Servicio Penitenciario y para ese entonces candidata a la Asamblea Nacional, Iris Varela, de que los créditos de vivienda otorgados por Fundesta y Fundatáchira durante el gobierno de Ronald Blanco La Cruz, serían exonerados a través de un decreto presidencial.
Varela denunció en aquella oportunidad, que el gobierno de César Pérez Vivas estaba persiguiendo a quienes recibieron esos créditos para que les pagaran, o de lo contrario quedarían en la calle, por lo que los exhortó a no cancelar más el compromiso habitacional adquirido.
A casi tres años de aquella promesa, nada sucedió. Por el contrario, cambió el gobierno copeyano y llegó a la Gobernación del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en cuyo gobierno, tanto los presidentes de Fundesta como de Fundatáchira, están haciendo un llamado para que se cancele la deuda. Lo grave del caso, es que han sido tres años de acumulación de intereses por una promesa que nunca se cumplió.
Lo mismo ocurrió con el anuncio realizado por el Parlamento regional en el mes de mayo del año 2011, en la vocería del diputado Henry Parra, de que convertirían parte del terreno de Aeropuerto de Paramillo en centro de producción de viviendas, situación que hasta el momento no ha ocurrido, de hecho el actual mandatario regional está realizando convenios para acondicionarlo a las funciones que ha cumplido hasta ahora.
En 2010
El dilema de si se cancelaban o no los créditos habitacionales otorgados por Blanco La Cruz, inició el día 1º de septiembre del año 2010, cuando la diputada a la Asamblea Nacional y candidata a la reelección, Iris Varela, en medio de una denuncia de robo que hizo en contra de Fundesta, indicó que dicha institución estaba cobrando el 3%, por trámite administrativo a los favorecidos por el crédito de vivienda, porcentaje que a su parecer no se podía cobrar porque es un derecho de todos los venezolanos que el Gobierno les garantice el derecho a la vivienda.
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