Se dice que las crisis económicas no tumban gobiernos. Nuestra sociedad estaba acostumbrada a un sistema democrático. Cuando un gobierno era malo o no cumplía con lo que había prometido, lo podíamos cambiar en las siguientes elecciones.
Para que ello pudiera ocurrir se tenían que cumplir varias premisas. La primera que efectivamente el voto fuese respetado. Después está el tema de la legitimidad. Aunque haya crisis, un presidente se puede mantener si dispone de legitimidad. Pero ¿qué es eso de legitimidad? Pues bien, dentro del sistema democrático, la legitimidad puede ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Así lo establece de manera taxativa la Carta Democrática Interamericana, cuando dice:
“Art. 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Al revisar los compromisos asumidos por prácticamente todas las naciones de América cabe preguntarse ¿qué es lo que impera en Venezuela?: ¿Derechos humanos? ¿Con qué se come eso? ¿Acaso no son varias ya las decisiones en materia de DDHH de la CIDH ante las cuáles nuestro TSJ ha respondido con un lacónico: “No aplica”.
Sin embargo, nuestra Carta Magna señala expresamente que los tratados internacionales en materia de DDHH privan sobre la misma Constitución.
¿Acceso al poder con sujeción al estado de derecho? ¿Fueron las elecciones del 14A una expresión de la soberanía del pueblo o fueron acaso un fraude?
Muchos tienen dudas. Existen fuertes indicios de que el resultado de las elecciones pudo haber sido alterado. ¿Cómo demostrar que no fue así? Pues bien, con una auditoría como la que había aceptado el propio Maduro y que fue ofrecida a los presidentes de Unasur reunidos en Perú.
No se trata de una patraña como la que anunció Tibisay Lucena, que sólo sirvió para sembrar aún más dudas con respecto a que se haya respetado la soberanía popular.
Una auditoría pasa por cruzar y revisar votos, actas y cuadernos. Sólo así hubiese podido legitimarse el triunfo de Maduro; pero ¡No! a eso se negaron rotundamente la Lucena y Jorge Rodríguez. ¿Por qué?
Crece el número de acompañantes acreditados ante el CNE que hablan de un fraude.
Y por último, la Carta Democrática Interamericana hace expresa mención a la separación e independencia de los poderes públicos. ¿Existe tal cosa en Venezuela?
No fue esa la impresión que dio el TSJ cuando el 9 de enero permitió a Maduro concurrir a las elecciones, lo cual expresamente le prohibía la Constitución a quien ejerciese el cargo de vicepresidente.
Pero ahora algo decisivo está ocurriendo. La Sala Constitucional del TSJ le quitó a la Sala Electoral el caso de las múltiples impugnaciones y se reservó la decisión con respecto a las mismas. ¿Por qué? Veremos que pasa.
Hay dudas de que en Venezuela impere aún el sistema democrático. Para colmo, hay incluso dudas de que el presidente mismo sea venezolano, algo que se resolvería mediante la simple presentación de una partida de nacimiento.
El malestar en las universidades es creciente. En trece de las más importantes hay paro indefinido de profesores y un número cada vez mayor de estudiantes está en huelga de hambre. En el sector laboral la situación es explosiva y aumenta a diario el número de manifestaciones.
Sobre ese terreno pantanoso se abalanza ahora otro problema colosal: la crisis económica.
No se trata de una crisis corriente. Se trata de una escasez que afecta desde los alimentos y medicinas hasta los insumos que requieren nuestras industrias para operar; de la falta de dólares; de una de las inflaciones más altas del mundo y un grave estancamiento; de un déficit fiscal inmanejable y la falta de credibilidad del gobierno; de la prima de riesgo que se le imponen a los nuevos endeudamientos; las devaluaciones fiscalistas; de lo que ocurre en Pdvsa y en las empresas básicas; del número alarmante de empresas que han cerrado sus puertas; de las expropiaciones; de la inseguridad jurídica, de las leyes laborales y de los controles asfixiantes.
En Venezuela hay un sordo malestar. Todos lo percibimos. Hay un pueblo inconforme… En Brasil estalló una chispa. ¿Qué ocurriría aquí?
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