La presidenta Dilma Rousseff tomó la iniciativa ante las multitudinarias protestas callejeras al llamar a los brasileños a una consulta popular para realizar una reforma política en Brasil, y derivó la presión sobre el desprestigiado Congreso.
A un año de las elecciones de 2014, y después de recibir las primeras indicaciones de que su popularidad comenzó a caer aunque siga siendo favorita, Rousseff lanzó el lunes un paquete de propuestas que van al meollo de los reclamos de los manifestantes: mejoras en transporte, salud y educación, y un plebiscito para realizar una reforma política, un viejo proyecto visto como un antídoto a la corrupción denunciada por los manifestantes.
“La presidenta asumió el liderazgo ante las protestas, y dividió la responsabilidad con el Congreso y los gobernadores y alcaldes: si no se aplica, puede decir que no fue culpa suya”, dijo a la AFP Alberto Carlos Almeida, analista del Instituto Analise.
Para el especialista, el mayor problema es que servicios públicos de calidad y reforma política son “lentos y complicados” y la calle está “impaciente”.
En las redes sociales el tono era de escepticismo, aunque el llamado a la consulta atrajo algunas simpatías. “Las promesas no nos satisfacen”, concluía Anonymous Rio, un activo grupo en las manifestaciones, que aún así elogió la idea del plebiscito.
“Rousseff asumió la nueva agenda que está en las calles”, el problema es su estilo: “hizo una propuesta que no está en sus manos, sino del Congreso -el único que puede convocar a plebiscito- sin negociarlo antes y arriesgando que sea rechazada”, dijo Ricardo Sennes, socio director de la consultora Prospectiva.
La reforma política busca poner fin a problemas endémicos en la política brasileña como escándalos de corrupción, falta de transparencia en la financiación de campañas electorales, entre otras demandas.
La reforma política es un viejo proyecto del PT
La reforma es también un viejo proyecto del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que a pesar de llevar 10 años en el poder nunca logró hacerla aprobar.
En 2007 el PT aprobó llamar a una constituyente para ese fin, y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo que lucharía para aprobarla tras dejar el poder en 2010.
La presidenta inició el martes una ofensiva para avanzar en ese proyecto, con reuniones con el presidente del Senado, Renan Calheiros, y del Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que ganó una enorme popularidad al liderar el juicio del “mensalao” que en 2012 condenó a exministros y exdirigentes del PT y otros partidos por la compra de votos en el Congreso.
Pero las reticencias eran grandes: “Sería muy interesante para Brasil si pudiésemos tener una Constituyente para los cambios que necesitamos. El problema es técnico, la Constitución no lo prevé y no lo permite. Las reformas se hacen con enmiendas, no con plebiscito y Constituyente”, dijo a la AFP el profesor de Derecho constitucional Joao Antonio Wiegerink.
La oposición acusó a la presidenta de “desviar el foco” y no asumir “sus responsabilidades” de abordar los problemas sociales, en una nota conjunta de los principales partidos opositores.
Tras dos años de crecimiento económico bajo e inflación elevada, las protestas en Brasil se iniciaron hace dos semanas contra el aumento del precio del transporte público en las grandes ciudades.
Rápidamente se extendieron por todo el país y ampliaron sus reclamos: contra la corrupción, por una mejor salud y educación y contra los millonarios gastos públicos en estadios para el Mundial de 2014 y la Copa Confederaciones, actualmente en juego e inmersa en las protestas.
Además de la reforma política, la presidenta propuso el lunes a los gobernadores y alcaldes reunidos en Brasilia un pacto para mejorar la salud, la educación y también el transporte, para el que anunció 25.000 millones de dólares, aunque no explicó el origen en un gobierno que aprieta el cinturón.
“Rousseff está respondiendo a un doble desafío: económico (el bajo crecimiento y la inflación, ndlr) y el político de protestas en las calles, y también está respondiendo a la caída de su aprobación popular” que sigue “muy alta pero puede caer”, dijo Sennes a la AFP.