Hoy sábado ha sido un día activo para los invasores de un terreno aledaño a la autopista de Prados del Este en Caracas. Con milimétrico orden delinean con cintas plásticas lo que serán sus parcelas, que abarcan tanto propiedad privada, quebradas, áreas verdes, y áreas de expansión de la muy saturada arteria vial. Tienen machetes, sombrillas, picos y palas para “urbanizar” lo que para muchos es un negocio de unos pocos vivos.
El Alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, a través de su cuenta de la red social Twitter, ha rechazado la invasión de los terrenos de Macro-Rattan, expropiados para la construcción de un desarrollo habitacional por el entonces presidente Hugo Chávez.
Blyde indicó en la red social, “Hemos notificado a Fiscalía y a la Guardia Nacional la invasión de terrenos macro-rattan expropiados por Chávez para desarrollo habitacional sin respuesta”.
El alcalde aseguró que la Guardia Nacional (GN), no tomó medidas ante la ocupación ilegal de los terrenos, “La GN ayer hizo inspección y señaló no tener instrucciones para actuar en invasión de terrenos propiedad de la nación expropiados por Chávez”.
“Hoy los invasores continúan modificando el terreno expropiado por Chávez para desarrollo habitacional y el Gobierno Nacional lo permite”, afirmó.
La toma ilegal de terrenos (invasiones) se ha convertido en un muy lucrativo negocio para algunos expertos “promotores” de las mismas. Cuentan contactos al más alto nivel gubernamental y cobran jugosas comisiones a las “desposeídas” familias invasoras, que luego, también por sus contactos, son desalojadas con la garantía que serán poseedoras de alguna vivienda en los desarrollos gubernamentales. En este caso, se aseguran un “derecho preferente” en el hipotético desarrollo inmobiliario que prometió Hugo Chávez.
El terreno no cuenta con ningún soporte habitacional, como cloacas, drenajes de aguas de lluvia, electricidad, dotación de aguas blancas, calles, áreas verdes, áreas comerciales, áreas de esparcimiento, accesos peatonales, entre otros. Sólo cuenta con la vista gorda de un vasto funcionariado, GNB, Ministerio de la Vivienda, del Ambiente y de la Fiscalía de la República, que ven en la tolerancia al robo de una propiedad privada una manera muy particular de hacer “justicia social”. Eso sí, sin importar la opinión y los derechos de decenas de miles que en los alrededores habitan. (LP)
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