La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los detenidos en la cárcel de Guantánamo, a fin de exigir a Estados Unidos el cierre del campo de prisioneros, anunció el ente este martes.
La CIDH “decidió, por iniciativa propia (motus propio) ampliar el alcance de las medidas cautelares a favor de las personas detenidas por Estados Unidos en la Base Naval en Guantánamo Bay, a fin de exigir el cierre del centro de detención”, informó la oficina de prensa de la Comisión en un comunicado.
La CIDH basó su juicio en el “incumplimiento” de Estados Unidos de las medidas cautelares vigentes desde 2002 -que el organismo solicitó para que un tribunal independiente determinara la situación jurídica de los detenidos y más tarde para prohibir la tortura- , al verificar la “persistencia de situaciones de detención prolongada e indefinida, y denuncias de abuso y maltrato generalizado”, agregó el texto.
Aunque la Comisión, organismo autónomo de la OEA, con sede en Washington, ha exigido en reiteradas ocasiones el cierre de la prisión militar, situada en la isla de Cuba, es la primera vez que se incluye como objeto de una medida cautelar.
La situación de los detenidos, muchos de ellos talibanes o presuntos militantes de Al-Qaida sospechosos de terrorismo, ha empeorado desde el inicio hace más de cinco meses de una huelga de hambre para protestar contra el régimen de encarcelamiento ilimitado que rige en la prisión de Guantánamo. La CIDH denunció las requisas “innecesarias y humillantes”, aislamientos, y la “alimentación forzada” de detenidos durante la huelga.
Según el comunicado, “la Comisión llama la atención del Gobierno (estadounidense) a las normas internacionales que exigen el respeto a la autonomía personal y la dignidad”.
Además del cierre de la prisión, el ente solicitó la transferencia de detenidos a sus países de origen o un tercero donde esté a salvo de torturas, acelerar los traspasos ya aprobados, y garantizar el debido proceso de los prisioneros sometidos a juicio.
Estados Unidos no es parte firmante de la Convención que creó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, por lo que el caso de Guantánamo no podría ser transferido ante esa Corte.
La administración estadounidense invoca regularmente la ley presupuestaria que aprobó el Congreso, y que prohíbe gastar dinero público en esa transferencia de prisioneros a Estados Unidos o al extranjero.
Sin embargo, en mayo el presidente Barack Obama anunció que designaría a un alto funcionario para supervisar el traslado de prisioneros, que serían objeto de un análisis “caso a caso”. AFP