El Tribunal Primero de Juicio de Puerto Ordaz decretó la medida cautelar innominada que ordena censurar la información relacionada con el empresario Yamal Mustafá, hoy imputado por los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir por el caso de presunta corrupción en Ferrominera Orinoco.
Clavel A. Rangel Jiménez
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Mustafá solicitó el pasado 15 de julio la medida, esta fue decretada hace cuatro días y notificada al Correo del Caroní ayer en la mañana.
A través del recurso, el juez Ellys Augusto Rendón ordena al Correo del Caroní que “se abstenga de publicar o permitir publicar, informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directas o indirectas, simuladas o figuradas, relacionadas al ciudadano Yamal Mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se llegue a instaurar contra su persona, que pudiere interpretarse como lesiva de sus derechos constitucionales, como lo es el debido proceso, presunción de inocencia, del derecho al honor y reputación y del derecho a la integridad de las personas y las familias, procediendo a publicar información de manera objetiva y apegada a la ética periodística”.
La decisión señala que hasta que no haya un veredicto sobre la querella interpuesta ante este tribunal, en contra del director del Correo del Caroní David Natera Febres, por la presunta comisión de los delitos de difamación agravada en acción continuada real del delito de injuria, no podrá publicarse información que relacione a Mustafá.
Asimismo, ordena “permitir” el derecho a réplica con la publicación de un comunicado por parte del contratista de la Gobernación del estado Bolívar y director del diario Primicia.
Es noticia
Yamal Mustafá interpuso la demanda luego de que el Correo del Caroní hiciera públicas las declaraciones que rindieran empresarios y gerentes vinculados a Ferrominera Orinoco a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre el 5 y 8 de mayo.
Mustafá es uno de los empresarios que acudió en calidad de presunta víctima del coronel de la DGCIM, Juan Carlos Álvarez Dionisi, detenido e imputado por los presuntos delitos de extorsión y legitimación de capitales.
De acuerdo con el testimonio del empresario, a través de sus cuentas se transfirieron a Álvarez Dionisi alrededor de 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares; dijo haber accedido a esas transacciones bajo amenazas y para evitar que el coronel involucrara a su sobrino Manuel Mustafá, cliente de Ferrominera, en un expediente infundado titulado “mafia del hierro”.
El pasado 18 de junio, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, la DGCIM detuvo al empresario y lo trasladó hasta la Base de Contrainteligencia Miliar Nº 51 en Ciudad Bolívar. A través del diario que preside, Primicia, aseguró que estaba colaborando con la justicia.
El viernes el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, confirmó su detención y la de tres ex gerentes de Ferrominera: María Rodríguez (ex gerente general de comercialización y ventas), Carolina Acosta (gerente de comercialización) y Noel Ramírez (consultor jurídico).
A los trabajadores de Ferrominera Orinoco, se les acusa de la desviación de una partida presupuestaria y sobre Mustafá se desconocen los alegatos del Ministerio Público.
Seguimiento informativo
Correo del Caroní ha hecho cobertura del caso Ferrominera desde noviembre de 2012, cuando la antigua DIM intervino la gerencia de seguridad patrimonial.
El 9 de mayo se informó que el organismo de inteligencia había retomado la investigación en FMO y que para ello habían citado a empresarios y gerentes, entre ellos a integrantes de la familia Mustafá y Vieira. Entre las razones de la intervención se informó que el ente militar verificaba la legalidad de los contratos de comercialización de mineral de hierro.
El empresario Yamal Mustafá respondió a esa información con la publicación de un comunicado anónimo titulado “Los sicarios de siempre” en medios regionales, incluyendo el diario que preside.
La Comisión Nacional para la Protección de los Periodistas rechazó el 18 de julio las descalificaciones de Mustafá contra el Correo del Caroní y la investigación publicada, así como solicitó al Tribunal que desestime la querella.
En la declaración conjunta del año 2002 el relator especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, el representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE y el relator especial sobre Libertad de Expresión de la OEA destacaron que “no se pueden justificar las restricciones a la información sobre procesos legales en curso, a menos que exista un riesgo sustancial de grave perjuicio para la imparcialidad de tales procesos y que la amenaza al derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia supere el perjuicio para la libertad de expresión”.
En la declaración conjunta del año 2003 los relatores indicaron que: “los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.
El comunicado también señala que la reserva de la información “es una responsabilidad de los funcionarios custodios mientras que los medios y periodistas tienen la obligación de divulgar los temas de interés público que puedan proporcionarles sus fuentes confidenciales. La reserva de la información es una responsabilidad de los funcionarios judiciales que no puede trasladarse a los medios y periodistas”.
De acuerdo a esa relatoría, “la prohibición de publicitar los aspectos relacionados a un proceso judicial no puede imponerse porque ello reduce el escrutinio de la sociedad sobre los actos de los funcionarios encargados de aplicar justicia”.