Cuando uno revisa la historia universal y analiza sobre cuáles supuestos actuaban y fundamentaban su autoridad los gobernantes de otrora, especialmente durante el medioevo europeo, uno se da cuenta de que la serie de abusos y excesos, que a finales del Siglo XVIII concluyeron con los procesos revolucionarios liberales que cimentaron las sociedades modernas, tenían por base la más absoluta y completa irracionalidad.
Los monarcas asumían que su poder les correspondía por la gracia de Dios. No en balde la asunción de un reinado venía precedida por una coronación en la que como gesto simbólico de la relación entre el poder espiritual y el terrenal, eran los más altos jerarcas religiosos los que coronaban a los reyes. Era una forma de decir que la corona que representaba la autoridad sobre tus súbditos te había sido entregada desde la divinidad, por lo que tus designios, así como los del poder religioso, eran tan incuestionables como los dogmas de la fe. La gente de aquellas épocas, en consecuencia, vivía sometida a las “dos espadas”, la del poder terreno de base supuestamente divina, y la del poder religioso, única bisagra entre Dios y los seres humanos, entre las que tenía que “andar derechita”, sin cuestionar, ni mucho menos confrontar al poder establecido, dado que lo contrario supondría para el infractor consecuencias terribles.
El rey tenía pleno derecho, por “designio divino”, a disponer de las vidas y bienes de sus súbditos, y las sanciones que aplicaba a quienes atentaran contra su voluntad, las más de ellas bárbaras e inhumanas, estaban dirigidas a servir de ejemplo al colectivo, y a demostrar que la autoridad tenía poder sobre ti no sólo en la vida, sino además después de la muerte. Las nociones de delito y pecado se confundían, y no eran pocos los casos en los que, especialmente en los atentados “contra la autoridad”, se estimaba que además de pecar contra los hombres se había pecado contra Dios mismo. Los procesos penales, si así puede llamárseles, que se seguían contra las personas repetían el libreto inquisidor que ya había sido utilizado desde el Siglo XII, por la Iglesia católica, y no buscaban la verdad, ni mucho menos determinar si una persona era en realidad culpable o inocente de lo que se le atribuía, sino por el contrario, afianzar en los individuos y en el colectivo la conciencia de que el poder de los reyes sobre los ciudadanos era absoluto, y contra éste no había que rebelarse de ninguna manera.
Ordalías (juicios de Dios), procedimientos sumarios y secretos, conducidos hasta la decisión definitiva e inapelable y casi en su totalidad de espaldas a los investigados; confesiones obtenidas mediante torturas que eran tenidas por pruebas válidas; declaraciones y testimonios absurdos logrados de “testigos”, “denunciantes” e “informantes” anónimos, presunción de culpabilidad y el uso excesivo de la prisión preventiva como un medio sancionatorio en sí mismo, eran sólo algunas de las notas distintivas de este tipo de procesos. Por supuesto, existía también el uso y abuso de la pena de muerte, e incluso de sanciones que luego se “ejecutaban” sobre los muertos (exhibición pública, hasta su putrefacción y más allá, de los cuerpos de los condenados, quema o desmembramiento de los cadáveres, esparcimiento de las cenizas o de los restos a “los cuatro vientos” y prohibición de enterrarlos en suelo sagrado, entre otras lindezas), todo ello con la finalidad de demostrar que el poder del monarca iba más allá de la vida y de la muerte.
Hoy en Venezuela, salvando las distancias, nuestra justicia penal y nuestro gobierno se mueven más o menos en los mismos linderos, al menos en lo que se refiere a la justificación “cuasi metafísica”, que no constitucional o legal, de sus desempeños. Estamos retrocediendo “a paso de perdedores”, hacia la más absoluta irracionalidad. Maduro y sus áulicos, especialmente en la Fiscalía, en la Asamblea Nacional, en los cuerpos policiales y en los tribunales, se sienten adalides y defensores de un “legado”, impreciso, indiscernible, metafísico, que les habría encomendado en vida, ungiéndoles como sus “apóstoles”, el propio Chávez; que a la sazón funge (para eso quedó el héroe del Museo Militar) como “profeta divinizado”, que en su comprensión de nuestro país y del mundo estaría, según ahora lo pretenden quienes nos abusan, más allá del bien y del mal. Sobre estas bases, los opositores y críticos al régimen no son tratados como ciudadanos que válidamente ejercen su derecho a pensar diferente, no son personas cuya dignidad deba ser respetada, sino verdaderos apóstatas y herejes; limitados, burdos, menos que seres humanos, contra los que “todo vale” y no hay que escatimar tropelías ni excesos.
La “legitimidad” entonces de cualquier acto de estos personajes, reediciones chucutas de los absolutistas más obtusos, no viene dada por el respeto a la voluntad popular, por la observancia de las leyes o por acatar los mandatos constitucionales, sino por ser parte de la defensa de la “memoria” y del “legado” (que aún no se sabe bien a qué se refiere) de Chávez, que se identificarían con esa ficción, que aún permanece indefinida y nebulosa, que es y siempre ha sido el “Socialismo del Siglo XXI”. En este sentido, y como “todo vale” contra los apóstatas y contra los herejes (léase, contra cualquiera que no se haga llamar “revolucionario”), poco importa por ejemplo que nuestra Carta Magna diga que para allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado sean necesarias las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional. Si es necesario seguir, contra Mardo por ejemplo, un írrito proceso penal, si ello es cónsono con la defensa del indefinible “legado de Chávez”, pues se pasa por encima de lo que dice nuestra Constitución, y punto. Si en otros casos, es también necesario acallar las voces y la expresión disidentes, y para ello es menester congelar las cuentas de dueños de medios de línea opositora, e incluso encarcelarlos, sin cumplir con las más elementales normas y previsiones legales, pues ¡Qué así sea! La defensa de la “revolución” y de la “herencia revolucionaria” no está para “leguleyadas”, ni se “para en artículos”.
Lo peor es que estos “neoabsolutistas”, como los monárquicos de antes, se comportan con la plena convicción de que están haciendo lo correcto y no les tiembla el pulso, ni pestañean, cuando cometen sus desafueros; es más, actúan desde sus falsas alturas como si todos los demás fuésemos cortos de entendimiento, cuando la verdad sea dicha, son quienes así tratan al pueblo, que no por opositor deja de serlo, los que no ven más allá de sus fanáticas y obtusas narices.
Se impone entonces, como ocurrió siglos atrás, que las mentes lúcidas y valientes de estos tiempos les paren el trote, y eventualmente pongan a disposición de la justicia verdadera, a quienes nos están obligando a vivir, para defender entelequias y mitos frustrados, irracionalidades y oscuridades que no tenemos por qué tolerar.
@HimiobSantome