Diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional consideran que el Poder Legislativo debe establecer el grado de responsabilidad de la ex ministra de Salud Eugenia Sader en la crisis de los equipos de 19 salas públicas de radioterapia, que fueron dotadas a través de un convenio firmado por el Gobierno de Venezuela con dos proveedores argentinos.
ADRIANA RIVERA / FABIOLA ZERPA /El Nacional
El año pasado vencieron las garantías que permitían el mantenimiento preventivo de los equipos, que fueron adquiridos a partir de 2005. En la lista se incluyen aparatos claves para tratar a pacientes oncológicos, como aceleradores lineales, unidades de cobalto, tomógrafos, simuladores, braquiterapias y gamma cámaras. “Muchas máquinas se dañaron porque la ex ministra, de manera irresponsable, no renovó el contrato en 2012. Por su negligencia han muerto enfermos de cáncer y debería asumir esa responsabilidad”, dice Bernardo Guerra, del partido Acción Democrática.
Guerra y los otros 11 miembros de la comisión inspeccionaron entre finales de mayo y junio 70% de los hospitales oncológicos del país y constataron la gravedad de la crisis: de los 19 centros dotados por los argentinos encontraron sólo 5 en funcionamiento. En ese período el parlamentario exhortó de manera reiterada a Sader para que compareciera o para que el asunto fuera llevado a la plenaria de la Asamblea Nacional. “Los diputados oficialistas nunca votaron a favor de esas propuestas, lo que evidenció solidaridad automática”, expresa el opositor.
Henry Ventura, diputado del PSUV y vicepresidente de la comisión, fue el encargado de coordinar no sólo las visitas sino la preparación del informe final de las inspecciones. Al ser consultado sobre el tema, opinó: “Estamos en presencia de una omisión por parte de la ex ministra Sader con la deficiente situación de las radioterapias al no firmar el contrato de mantenimiento. Es un hecho lamentable las muertes por esta omisión”.
No hay consenso sobre la necesidad calificar el desempeño de Sader, quien es pediatra y coronel de la Aviación. Eduardo Piñate, diputado del PSUV, dijo que las inspecciones no tenían como objetivo buscar un responsable de la crítica situación de las radioterapias, sino constatar el estado de los servicios. “Para responsabilizar a alguien sería necesaria una investigación más profunda para la cual no fuimos comisionados”.
Oswaldo Vera, presidente de la comisión, confirmó que tiene en sus manos el informe y que la discusión dependerá de las prioridades que fije el grupo al regresar de vacaciones. Cuando se le habla sobre la posible responsabilidad de Sader, responde: “No sé de dónde sacan eso”.
Verdadera urgencia
Hay quienes consideran que la situación debe ser atendida con máxima urgencia. Datos de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica indican que en el país entre 10% y 15% de los pacientes fallecen a la espera de tratamiento público.
Ventura afirma que Isabel Iturria, ministra de Salud, ha expresado su voluntad de solucionar la crisis, aunque la funcionaria todavía no ha emitido opinión en público sobre los hallazgos de la comisión parlamentaria, que diputados como Piñate describen así: “Creo que hubo algún tipo de problemas en los contratos y encontramos equipos en algunos oncológicos que no están operativos, otros funcionan a media máquina o están sobrecargados de pacientes. Es muy complicado”.
Piñate explica que en el informe se recomienda al Ejecutivo nacional acelerar la firma del contrato de mantenimiento y garantizar los recursos para las reparaciones. El exhorto, sin embargo, no será efectivo hasta que los diputados discutan el documento en el seno de la comisión y lo remitan al Ministerio de Salud. Los pacientes aguardan.
Bajo perfil
En septiembre de 2012, El Nacional publicó una investigación en la cual advirtió sobre el vencimiento de los contratos de radioterapia del convenio Venezuela-Argentina. En ese momento se le pidió una entrevista a Eugenia Sader, entonces ministra de Salud. Nunca respondió. Para esta entrega se intentó otra vez localizarla, sin éxito, a través de ex compañeros de trabajo del ministerio, de su consulta pediátrica en el Ambulatorio Militar La Rosaleda (Miranda), de la Comandancia de la Aviación y de la Sociedad Venezolana de Pediatría.