Bastaría concentrarme en lo ocurrido en el mes de agosto para fundamentar mi punto de vista no sólo en una apreciación subjetiva, sino con el respaldo documental que la Ong Súmate consignó en el Consejo Nacional Electoral, exigiendo su oportuna actuación para impedir el adelanto de la campaña electoral y el uso de bienes del Estado en beneficio de una parcialidad política.
De entrada dejo claro un mandato constitucional: el artículo 145 de la CRBV establece que “Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”. Este precepto, es cierto, se pisotea a diario pero es bueno tenerlo presente. Cuando Maduro se pavonea con candidatos de farándula, estrellas deportivas, exfuncionarios públicos o animadores de tv, promoviendo sus impuestas candidaturas exhibe una conducta que es contraria a la Constitución que tanto cacarea respetar. Pero no se trata sólo de un principio ético, de un deber ser normativo que se toma o se deja. El principio constitucional según el cual los funcionarios se deben al Estado y no a parcialidad política alguna tiene una expresión muy clara y taxativa en varios artículos de la Ley contra la corrupción, instrumento legal aprobado bajo el imperio de la Constitución bolivariana (sic). Por ejemplo, el artículo 54 de la Ley contra la corrupción penaliza severamente con prisión de seis meses a cuatro años a los funcionarios públicos que en beneficio propio o para fines contrarios a lo establecido disponga de bienes del patrimonio público. Es importante notar que no se trata de una sanción moral, de una amonestación, ni siquiera de una multa: el delito es tan grave que acarrea privativa de libertad.
Voy a dejar fuera de estas consideraciones otro polémico reciente tuit: “Destinar la residencia presidencial La Casona para un uso distinto a la ley es corrupción”. Mucho menos referiremos previos escandalosos casos como el Pudreval, la maleta de Antonini, CAEZ, Mackled, etc. Me concentro en un asunto menos opaco, que lo padece a diario la ciudadanía bajo la absoluta displicencia y complicidad de las autoridades (in)competentes: la obscena corrupción en el uso de medios del Estado para favorecer a los candidatos oficialistas.
De acuerdo con el citado informe de Súmate, el Presidente Maduro hizo campaña electoral en beneficio de los candidatos a alcaldes del PSUV en 3 de las 6 cadenas nacionales identificadas, específicamente en las de los días lunes 5, lunes 12, y miércoles 14 de agosto; como también promovió a los candidatos de su parcialidad política en 10 de las 12 transmisiones especiales, destacando que dos de ellas fueron explícitamente proselitistas y que ocurrieron el viernes 16 de este mes: “Reunión con candidatos a alcaldes del PSUV para los 335 municipios del país” y “Entrega de premios de Rifa del PSUV”.
Durante el mes de agosto, Nicolás Maduro ha sobrepasado la veintena de alocuciones públicas, las cuales superan el setenta por ciento de dedicación a consideraciones proselitistas, a la promoción de los candidatos oficialistas para las elecciones del próximo 8 de diciembre. Esta es una contundente realidad de la actividad comunicacional de Maduro: la perversa confusión de acción de gobierno con proselitismo político, agravada en un funcionario que confunde gobernar con chacharear en un set de televisión. Y la Ley contra la corrupción, vigente, tipifica esa conducta como un delito.
Ratifico entonces mi criterio de que Nicolás Maduro está inhabilitado para promover un debate sobre la corrupción. Para lograr un mínimo de credibilidad está obligado a predicar con el ejemplo. Y quienes callan son cómplices: su delito es público, notorio y comunicacional.
Dejo abierta una interrogante ¿Para qué entonces requiere Maduro una Ley Habilitante para combatir la corrupción si la corrupción está habilitada?